La senadora Centa Rek y la diputada María René Álvarez, ambas de Creemos, enviaron una carta al representante de derechos de los pueblos indígenas de las Naciones Unidas
Fuente: El Deber
La senadora Centa Rek y la diputada María René Álvarez remitieron información sobre negocios internacionales en áreas protegidas y/o reservas forestales, en perjuicio de los pueblos indígenas del oriente boliviano ante el Relator Especial Sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Francisco Cali Tzay.
Los datos los hicieron llegar a través de una carta, luego que un reportaje de EL DEBER diera a conocer que las tierras fiscales en la zona Las Londras, del municipio El Puente, provincia cruceña Guarayos, son ofrecidas a la venta como propiedad privada en mercados de tierra internacionales por Brasilagro, una de las empresas del grupo Cresud.
“Esta situación pone de manifiesto la permanente presión, económica, social, ambiental y cultural del territorio guarayo, y a raíz de estos acontecimientos se exacerba la tensión territorial» manifestó Rek. La organización matriz del territorio, la Central de Organizaciones de Pueblos Nativos de Guarayos (COPNAG), ha emitido pronunciamientos y manifestaciones contra los avasallamientos de tierras en su territorio.
En la carta, las legisladoras señalaron al relator que los violentos hechos suscitados en 2021 y 2023 en Las Londras pusieron en evidencia la gravedad de los conflictos por la tierra en Guarayos, pero además el «avance intercultural en lo que se supone es una tierra de vocación forestal permanente, es decir no apta para fines ganaderos o agrícolas”.
En días pasados, la senadora Rek remitió una Petición de Informe Escrito (PIE) al Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras para que informe el estado del denominado caso “Las Londras”, luego de los hechos violentos del 28 de octubre de 2021, cuando se reportó agresión a periodistas y policías.
Asimismo, Rek pidió respuestas sobre el ofrecimiento de esas tierras como si fueran propiedad privada, por parte de una empresa argentina que comercializa tierras agrícolas a nivel internacional.
Al respecto, Rek recordó que en los últimos años Santa Cruz es la zona región del país donde más conflictos por la tierra se suscitan, precisamente porque los criterios previstos en la ley no son observados por las autoridades competentes, «debido a una evidente omisión por parte del Gobierno y un favoritísimo hacia sus afines para avasallar estas tierras».
Fuente: El Deber