El anuncio del ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, de no trasladar al gobernador Luis Fernando Camacho a la ciudad de Santa Cruz para asistir a su audiencia judicial presencial por el caso “decretazo” es la mayor muestra de que jueces y fiscales fueron anulados en práctica, la legalidad es sólo retórica, declaró este sábado, el diputado Walthy Egüez, Creemos.
Fuente: Prensa Creemos
“Hace rato que en los hechos los jueces y fiscales han sido suplantados, anulados por el Ministerio de Gobierno, desde donde Eduardo del Castillo da órdenes directas sobre procesos penales como el del gobernador Luis Fernando Camacho y los presos políticos de este gobierno. La legalidad y la administración de justicia son sólo retórica”, dijo enfático.
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Las declaraciones de Egüez tienen lugar luego de que el titular de Gobierno negara por tercera vez toda posibilidad de traslado de Camacho a Santa Cruz por, supuestamente, por temor a movilizaciones de la ciudadanía cruceña que podrían generar hechos de violencia en defensa del líder político de esta región.
Calificó de vergonzosa la argumentación de Del Castillo en sentido de que “no existen las condiciones materiales” siendo la máxima autoridad responsable de la seguridad en el sistema penitenciario y la seguridad interna del Estado.
“Lo que realmente pasa es que Eduardo del Castillo y todo el gobierno de Luis Arce Catacora tienen miedo al liderazgo de Camacho. El ministro dijo que por una sola persona quemaron instituciones, le recordamos que los hechos vandálicos en Santa Cruz fueron causados por los mismos “masistas” y policías que hicieron abuso de poder inclusive contra mujeres y niños con la protección del Ministerio de Gobierno.
Es el miedo del Gobierno al liderazgo indiscutible de Luis Fernando Camacho, olvidan nnque toda Santa Cruz lo reconoce a como su líder y quieren su libertad para que gobierne el Departamento”, rebatió Egüez. En criterio del legislador cruceño, Del Castillo pretende que el país crea su relato forzado para deslindar el totalitarismo del actual gobierno, la vulneración de derechos civiles en los que incurre que organismos internacionales han identificado y verificado, por los que el gobierno de Arce Catacora y sus ministros tendrán que responder, en su momento.
“Además de estar secuestrado, lo que ya es un delito, vulneran su derecho al debido proceso, el gobernador Luis Fernando Camacho debe estar en Santa Cruz el próximo 27 de mayo para asumir su defensa por un caso que se procesa en Santa Cruz que, además, tuvo una salida administrativa”, dijo.
Días atrás, el Tribunal de Sentencia Octavo de Santa Cruz instruyó que el Gobernador de Santa Cruz debe estar presente físicamente en la audiencia de juicio oral en el caso “decretaso”, para tal efecto Camacho debe ser trasladado desde el penal de máxima seguridad Chonchocoro en La Paz , para garantizar su participación en el juicio.
A decir de Egüez, la autoridad judicial debe conminar a la Dirección de Régimen Penitenciario de La Paz a acatar y cumplir con la orden de traslado, de lo contrario imponer las sanciones que corresponden.