Luego de que YLB informó de un daño económico al Estado por unos Bs 425 millones debido a fallas en el complejo de extracción de litio en el salar de Uyuni, cinco son los pasos técnicos que no se contemplaron durante la construcción de las piscinas
Daño económico por Bs 425 millones, una producción de apenas un 30% del total de la capacidad instalada y solo cinco piscinas de 18 en buen estado es el escenario en el complejo productivo de carbonato de litio del salar de Uyuni (Potosí).
Sin embargo, esta situación se explica por cinco errores técnicos, que según fuentes de Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB), le explicaron a EL DEBER y que pasamos a detallar.
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1.La ubicación de las piscinas no fue consultada a expertos geólogos por lo que no se contemplo que el lugar es de abundantes precipitaciones y de habituales inundaciones. De hacerlo se hubiera ubicado en una zona más alta.
2. La construcción e impermeabilización de las piscinas fue encargado al departamento de obras civiles, sin tener en cuenta la opinión de los geólogos encargados de determinar las características estructurales del terreno.
3. Al no haber estudios geológicos, ni tampoco de índole química no se anticipó que la alta concentración de litio iba a generar diversos gases al interior de las piscinas que iban a buscar una salida hacia el exterior algo que con el tiempo iba a dañar la estructura de las membranas.
4. Por debajo de las piscinas no existen canales secundarios que eviten que gases ajenos a litio, que se busca separar de la salmuera, contaminen la recolección del producto y afecte su calidad.
5. Las fallas estructurales de las piscinas se deben a un estudio anticipado de la situación geológica del lugar y su implementación “saltando este proceso”, para ir directamente a las obras civiles.
Ante esta situación YLB presentó una denuncia en contra de 12 exfuncionarios y una empresa por dejar inoperables las 18 piscinas industriales de evaporación en el Complejo Industrial del Salar de Uyuni.
Se los acusa por los delitos de contratos lesivos al Estado, incumplimiento de deberes, conducta antieconómica e incumplimiento de contrato.