Norma.- El pasado 15 de mayo venció el plazo para que farmacias, clínicas y otros que comercializan medicamentos cumplan con las normas para certificarse y evitar sanciones.
Fuente: Gobernación de Santa Cruz
Como resultado de operativos realizados a diferentes farmacias en el departamento, el Sedes logró decomisar más de un centenar de medicamentos con fecha de caducidad vencida y procedentes de contrabando que estaban siendo comercializados.
Jaime Bilbao, director del Sedes, indicó que un equipo técnico del Sedes junto a la FELCN, FELCC, Impuestos Nacionales, Viceministerio de Defensa al Consumidor y la Asociación de Farmacias trabajaron en conjunto durante semanas para confiscar medicamentos como: analgésicos, antinflamatorios, antibióticos, medicamentos hospitalarios, cremas, cosméticos, leches en polvo y otros.
“Se están vendiendo productos de contrabando que no tienen registro sanitario, pero también son cosméticos que pueden hacer daño a nuestra población. Instamos a todas las farmacias y clínicas a que sigan las normas para evitar que nuestro equipo les decomise los medicamentos”, dijo Bilbao, al recordar que el pasado 15 de mayo venció el plazo para que farmacias, clínicas y otros servicios que comercializan estos productos puedan acreditarse y cumplir las normas estipuladas.
La mayor parte de los productos decomisados no cumplen con ningún tipo de registro sanitario que certifique la calidad y garantía de estos medicamentos, siendo introducidos al país de manera ilegal y acopiadas sin cumplir las buenas prácticas de almacenamiento, ocasionando que el principio activo que tenga cada medicamento pueda perder el efecto terapéutico correspondiente.
“Pedimos a la población que tenga mucho cuidado con el tipo de farmacia en el que compran medicamentos, verificando que sea legalmente establecidas y cumplan con todas las normas establecidas para la dispensación de medicamentos seguros y eficaces”, apuntó Jackeline Camacho, responsable de Farmacia del Sedes.
En cuanto a las sanciones a las farmacias que infringen la normativa, Camacho afirmó que se les iniciará un proceso administrativo, que puede derivar en la clausura del establecimiento y la anulación de la resolución administrativa que se les otorga.