El senador William Torrez, subjefe de la Bancada MAS-IPSP, ha denunciado graves irregularidades en la gestión de la Acción de Cumplimiento presentada contra el presidente nato de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), David Choquehuanca.
Torrez acusó al vocal Israel Campero de la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz de estar involucrado en una asignación sospechosa y manipulada del caso.
Torrez recordó que el 6 de mayo se interpuso una acción contra Choquehuanca por no cumplir con su deber de convocar al pleno de la ALP, como lo estipula el artículo 163, numeral 7 de la Constitución Política del Estado (CPE). «Han pasado aproximadamente cinco meses desde entonces y no ha habido convocatoria», señaló Torrez, resaltando la gravedad del incumplimiento.
El senador expresó su preocupación por la asignación del caso a la Sala Constitucional Primera, calificando la situación de sospechosa y señalando a Campero como un vocal controvertido. «De manera sospechosa, esta causa, al igual que muchas otras, volvió a ser sorteada en la sala conformada por uno de los vocales más controvertidos del distrito judicial de La Paz, Israel Campero», afirmó Torrez.
Torrez acusó a Campero de vulnerar el derecho de fiscalización de los legisladores mediante una «resolución espuria» que ha motivado una acción penal en su contra y contra el vocal Jaimes. Destacó que Campero debería estar impedido de conocer esta Acción de Cumplimiento debido a una controversia judicial con él y la senadora Lucy Escobar. Sin embargo, Campero dictó el Auto de Admisión de manera «arbitraria, ilegal e inconstitucional», violando los artículos 115 y 116 de la CPE.
En respuesta, Torrez informó que se ha presentado una solicitud de excusa contra Campero y los otros miembros de la Sala Constitucional Primera. «Esperamos que, con un mínimo de dignidad y de respeto a la CPE, este vocal y sus pares se excusen de conocer este proceso», declaró Torrez.
Además, el senador anunció la solicitud de una auditoría del sistema informático del tribunal debido a sospechas de manipulación para dirigir el caso nuevamente a Campero. «Tenemos certeza de que hubo manipulación informática para una vez más dirigir este caso», afirmó Torrez, añadiendo que no dudarán en iniciar acciones penales contra los responsables.