Centa Rek legisladora por Creemos, presentó una Petición de Informe Escrito (PIE), tras una publicación de EL DEBER que revela que esta zona de vocación forestal se ofrece en otros países
La senadora de Creemos por Santa Cruz, Centa Rek, presentó una Petición de Informe Escrito (PIE) al Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras para que informe respecto al estado del denominado caso “Las Londras”, por los hechos violentos del 28 de octubre de 2021 en el municipio de El Puente, provincia Guarayos, donde el 90% del territorio son tierras fiscales no disponibles, de vocación forestal y que están dentro un área protegida.
Rek dijo que estas tierras, actualmente disputadas por empresarios e interculturales, ahora además son ofrecidas como propiedad privada en mercados internacionales.
La senadora Rek, a tiempo de recordar que esas tierras forman parte de la Reserva Forestal Guarayos, creada mediante Decreto Supremo N° 12268, del año 1969, añadió que existe preocupación, toda vez que estarían siendo ofrecidas en los mercados de tráfico de tierras en el exterior del país, como puede constatarse en la página de la empresa argentina Cresud, donde aseguran que tienen disponibles cerca de 9 mil hectáreas en el departamento de Santa Cruz.
“Informe y documente su despacho qué conocimiento tiene sobre un supuesto negocio inmobiliario internacional contenido en el portafolio agrícola de Cresud, compañía argentina dedicada el negocio agrícola y que, según su portal digital, asegura que tiene 800 mil hectáreas bajo manejo en 24 campos propios, y una concesión a largo plazo en Argentina, Brasil, Bolivia y Paraguay», dice una parte de la PIE.
Particularmente, en el caso de Bolivia la gráfica de Cresud refleja cerca de 9 mil ha en Las Londras, zona avasallada.
La senadora reiteró que es un tema de preocupación, toda vez que la deforestación y pérdida de tierras fiscales en el país avanza a pasos agigantados, por lo que está exigiendo que de inmediato se abra una investigación sobre la “inserción de la zona Las Londras en el negocio inmobiliario internacional, a través de la compañía argentina Cresud, disponiendo de tierras fiscales bolivianas no disponibles a postores de otros países”.
Una investigación especial de EL DEBER señala que “en marzo de 2022 y en respuesta a una Petición de Informe Escrito (PIE) de la senadora Centa Rek, se había iniciado de forma inmediata el trámite de desalojo para las comunidades avasalladoras y la empresa Jihusa SA. Asimismo, el 10 de noviembre emitió resoluciones finales de saneamiento para diez predios”.
Al respecto, Rek indicó que, si bien en esa oportunidad sus acciones de fiscalización permitieron la recuperación de esas tierras de manos de avasalladores, el problema continúa y todo quedó en nada, por lo que es necesario que las autoridades que deben proteger las reservas forestales, en especial el INRA, actúen con presteza y celeridad, además de impedir que esos dominios sean tomados tanto por traficantes de tierras, como por avasalladores disponiendo de tierras fiscales bolivianas no disponibles a postores de otros países”.