Según el reporte de la Policía Boliviana, hay solo un sector donde los choferes de transporte internacional llevan adelante la medida
El bloqueo en la localidad de Pasto Grande. Foto: Terminal de Buses La Paz
eju.tv
Boris Bueno Camacho / La Paz
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Las terminales de buses de La Paz y El Alto anunciaron la suspensión de salidas a Oruro, Cochabamba, Santa Cruz y el sur del país debido al bloqueo que se registra en la carretera La Paz – Oruro, fruto de la protesta que lleva adelante el sector del transporte pesado y de carga internacional en ese sector por la falta de dólares y de combustible, entre otros puntos.
La Terminal Metropolitana de El Alto emitió un comunicado en el que señala que, según un informe de la Dirección Nacional de Tránsito, que señala la instalación de estos puntos de bloqueo en las carreteras, se suspenden las salidas a los departamentos de Oruro, Cochabamba y Santa Cruz. Similar determinación tomó su par de La Paz que informó que las salidas fueron suspendidas desde ese lugar por la medida asumida por los transportistas.
Según la información de la policía caminera, el punto de bloqueo se instaló en la localidad de Pasto Grande, en la ruta La Paz – Oruro, cerca del municipio de Caracollo, en el departamento de Oruro. La dirigencia del transporte pesado de ese departamento había anunciado en los pasados días que iba a tomar la medida por la falta de atención de las autoridades a diferentes problemas que aquejan a ese sector.
El punto de bloqueo ubicado en el mapa
El transporte pesado y de carga internacional, gremiales e importadores se movilizarán también en las ciudades en demanda de soluciones a la falta de divisas, la falta de reactivación económica que afecta a esos sectores y la abrogación de decretos que atentan a la propiedad privada de la población boliviana, según los dirigentes de esos sectores.
El Consejo de Defensa de la Propiedad Privada, conformado por sectores opositores, también se unirá a movilización en rechazo a los decretos supremos 4732 y 5139 y el proyecto de ley 145, además para pedir la destitución de los magistrados “autoprorrogados”. Desde el oficialismo consideran que las medidas de presión anunciadas son un atentado contra la economía de las familias.
