A nueve meses de la suspensión de las interpelaciones a los ministros del gobierno del presidente Luis Arce en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), al menos cinco de ellos debieron ser suspendidos de sus funciones, coincidieron diputados y senadores de las fuerzas políticas con representación parlamentaria.
Se trata de los ministros de Justicia, Iván Lima; de Gobierno, Eduardo del Castillo; de la Presidencia, María Nela Prada; de Relaciones Internacionales, Celinda Sosa, y de Economía, Marcelo Montenegro.
La atribución constitucional de la ALP de interpelar a los ministros de Estado fue congelada en agosto de 2023 por una acción de amparo que presentó el ministro Montenegro a una Sala Constitucional de La Paz, a la que se adhirió la mitad del gabinete.
Como resultado, existe una medida cautelar que dispone la suspensión provisional de las interpelaciones por los legisladores y el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) sigue analizando el recurso.
La medida asumida por el vocal Israel Campero fue calificada como “cercenamiento” de las competencias de los legisladores contempladas en la Constitución Política del Estado (CPE).
Los legisladores advirtieron sobre la intención del presidente Luis Arce de “anular” al Legislativo por los malos manejos que hay y gobernar mediante decretos y respaldado en el Órgano Judicial.
Sobre el tema, el diputado de la línea arcista del Movimiento Al Socialismo (MAS) José Luis Flores mencionó que es necesario regular el proceso de fiscalización de las autoridades y no acudir directamente a las interpelaciones.
En su momento, el también diputado arcista Sandro Ramírez justificó la paralización de las interpelaciones bajo el argumento de que se pretendía perjudicar la gestión del Gobierno de Luis Arce y David Choquehuanca.
Cuestionamientos
Para el jefe de bancada de la alianza Comunidad Ciudadana (CC), Enrique Urquidi, los ministros de Justicia, de Relaciones Internacionales, de la Presidencia y de Gobierno son pasibles a interpelaciones por el pleno del Legislativo e incluso a la suspensión.
Mencionó que Lima debe ser interpelado por la injerencia que ejerce sobre el Órgano Judicial y el TCP, acciones que repercutieron en la dificultad de llevar adelante las elecciones judiciales que debían realizarse en diciembre de 2023.
Sobre del Castillo, Urquidi se refirió a las tareas “poco eficientes” en la lucha contra el narcotráfico. Puso como ejemplo el bullado caso del narcotraficante Sebastián Marset, buscado por la Interpol, quien ingresó al país en dos oportunidades: en 2018 y en 2020. “Se paseó por Bolivia con total inmunidad y quedan dudas sobre la participación de la Policía en su fuga”, sostuvo.
En relación a la ministra de la presidencia, María Nela Prada, Urquidi lamentó que no haya promovido la investigación del caso referido a la construcción de una planta procesadora de zinc en Oruro que involucra 350 millones de dólares.
Urquidi también mencionó el caso de la ministra de Relaciones Exteriores, Celinda Sosa, quien debía ser interpelada por las declaraciones de adhesión de Bolivia con Gobiernos cuestionados internacionalmente, como Irán, Rusia y China.
Por su parte, la senadora de la alianza opositora Creemos Centa Reck señaló que los ministros se encuentran “felices y en su libre albedrío sin una instancia fiscalizadora”. Dijo que estas autoridades están cometiendo arbitrariedades porque la ALP fue privada de su rol fiscalizador “establecido constitucionalmente”.
Al igual que Urquidi, mencionó que Lima debe ser interpelado por la intromisión en el Órgano Legislativo y “sabotear” las elecciones judiciales. “Asume el papel de árbitro sin tener esa función”, señaló Reck.
La senadora protestó porque la función fiscalizadora del Legislativo fuera “recortada”. “Una sala constitucional no puede fallar sobre las atribuciones de otro Órgano del Estado; es una muestra de cómo de inmiscuido está el Ejecutivo para anular las atribuciones del Legislativo a través de la justicia constitucional”, sostuvo.
La normativa
La CPE estable que el Legislativo tiene la atribución de “interpelar, a iniciativa de cualquier asambleísta, a ministros de Estado, individual o colectivamente, y acordar la censura por dos tercios de los miembros de la ALP. La interpelación podrá ser promovida por cualquiera de las Cámaras. La censura implicará la destitución de la ministra o del ministro”.
Un censurado
Eduardo del Castillo, ministro de Gobierno, es el único que fue censurado tras ser interpelado en la ALP. La autoridad fue convocada por las bancadas opositoras de Comunidad Ciudadana (CC) y de Creemos para que explique la internación de autos robados en Chile y comercializados en Bolivia.
Del Castillo fue censurado y destituido de su cargo; sin embargo, fue ratificado al día siguiente por el presidente Luis Arce.
A juicio del diputado de la línea evista del MAS Héctor Arce, debían ser censurados y destituidos los ministros de Economía, de Obras Públicas y los ya mencionados Lima y Del Castillo.
Se vive una profunda crisis económica que se traduce, por ejemplo, en la falta de dólares y de combustible. “Se hubiera ido Montenegro porque la economía del país es un desastre. El Gobierno de Arce destruyó la economía y lo reclaman en las calles y los mercados”, fustigó Arce.
Del Castillo es el segundo en lista de Arce por la ineficiente en la lucha contra el narcotráfico. “Sólo se agarra contra el trópico y no hay resultados de capturas de los peces gordos”.
OPINIONES
Sólo los corruptos no quieren ser fiscalizados por las instancias competentes, ya sea por el concejo municipal y las asambleas”
Héctor Arce
Diputado MAS
Desde la Alianza Creemos denunciamos la intromisión del Órgano Judicial en la Asamblea Legislativa Plurinacional”
Centa Reck
Senadora Creemos
Fuente: lostiempos.com