El Tribunal Supremo Electoral (TSE) hará la representación ante la justicia por la demanda de casi Bs 2 millones que exige Evo Morales como indemnización por su inhabilitación como candidato a senador en 2020 y alegará que el expresidente ya recibe una renta mensual de Bs 25.000 que es financiada por el Estado.
Fuente: lostiempos.com
«En este caso se va responder en el plazo que han determinado los vocales de la sala constitucional», adelantó el vicepresidente del TSE, Francisco Vargas.
Al definir como «exagerada» la pretensión económica del exmandatario, Vargas anticipó que serán, por lo menos, dos los argumentos que se expondrán ante la justicia: una el supuesto de que Morales habría sido electo si se presentaba como candidato, y también que el expresidente ya recibe una renta como tal y que no puede captar dos ingresos provenientes del Estado.
«Yo considero que es un monto exagerado el que se está solicitando, además, se basa sobre el supuesto que, quien fue inhabilitado hubiese sido electo y es algo que no se puede determinar, solamente en ese momento quien se ha postulado y quien reciba la confianza de la ciudadanía, pues se ha podido determinar que ha sido electo. Entonces ahí consideramos que hay cierta ambigüedad», explicó Vargas en el programa No Mentirás de la privada Red Uno.
Argumentó, además, que «el señor Morales recibe una percepción del Estado y la norma establece que nadie puede recibir doble percepción o por lo menos nadie puede recibir un sueldo o un salario más del que está establecido para el presidente del Estado».
De acuerdo con el diputado de Comunidad Ciudadana (CC) Marcelo Pedrazas los expresidentes, como el caso de Morales, reciben cada mes una renta de Bs 25.000.
Pese a haberla rechazada en 2022, Morales demanda una indemnización por Bs 1.912.933,59, porque en 2020 el TSE presidido por el exvocal Salvador Romero, lo inhabilitó como candidato a senador por Cochabamba.
El cálculo de la indemnización se hizo a partir de los sueldos que Morales no pudo acceder al ser inhabilitado, según su abogado, el exministro Wilfredo Chávez.
En su petitorio, Chávez invoca el cumplimiento de la Sentencia Constitucional Plurinacional 0087/2021, difundida el 7 de mayo de 2021, que declaró inconstitucional la inhabilitación de la candidatura de Morales y dispuso el pago de una indemnización económica.
El expresidente fue inhabilitado bajo el criterio que no residía en Bolivia, ya que en ese entonces cumplía un refugio político en Argentina. Su lugar lo ocupó el dirigente cocalero Leonardo Loza, actual senador.
Legisladores afines a Morales reivindicaron el derecho del expresidente de cobrar la indemnización, mientras legisladores de la oposición cuestionaron la pretensión. El diputado de Comunidad Ciudadana (CC) Alberto Astorga lo calificó de «cínico».
Al respecto, el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, señaló que la actitud de Morales demuestra que no solo tiene «angurria de poder» y busca «sentarse mediante la fuerza en la silla presidencial», sino que también tiene «angurria de poder económico».