El viceministro de Defensa del Consumidor, Jorge Silva, explicó que está a la espera del requerimiento fiscal para entregar todo este informe sobre Las Loritas.
Fuente: Visión 360
Todas las certificaciones que obtuvo el proyecto de construcción de edificios Las Loritas fueron anuladas porque la empresa incurrió en prácticas abusivas de acuerdo con el Decreto Supremo 4732, informó este lunes el viceministro de Defensa del Usuario y Consumidor, Jorge Silva.
“Todas las certificaciones que ha realizado el proyecto Las Loritas han sido anuladas porque no cumplían con los requisitos del Decreto 4732, respecto principalmente a prácticas comerciales abusivas, en las que se identificó que la empresa estaba incurriendo”, dijo Silva, este lunes en una conferencia de prensa.
El viceministro manifestó que su despacho recibió 120 reclamos, de los cuales 60 fueron formalizados y de ellos 16 llegaron a conciliaciones con la finalidad de que las partes lleguen a un acuerdo.
“En la mayoría de los acuerdos entre las partes, lamentablemente Las Loritas no cumplió, hay cumplimiento parcial en algunos”, agregó la autoridad municipal.
Silva indicó que está a la espera del requerimiento fiscal para entregar todo este informe sobre Las Loritas.
La pasada semana, el gerente de esta empresa, Harold Lora, fue aprehendido y enviado al penal de San Pedro con detención preventiva, acusado por la presunta comisión del delito de estafa con múltiples víctimas.
La autoridad informó que esta tarde se realizará una reunión con los afectados, el Defensor del Pueblo y el viceministro de Seguridad Ciudadana, para escuchar la postura que tiene ese grupo ante el nuevo escenario.
Informe general
Silva explicó que desde la vigencia del Decreto Supremo 4732, se emitieron 4.604 certificaciones, de las cuales se anularon 1.171, por lo que están vigentes 1,668.
Además, se logró restituir 2, 1 millones de bolivianos a favor de los consumidores y más de un millón en dólares.
Indicó que este Decreto, que algunos sectores pretenden que se abrogue, logró resultados a favor de las personas, porque el objetivo es evitar la corrupción, la estafa y los engaños de inmobiliarias y constructoras.