Cuentan las crónicas del 20 de noviembre de 1975, pocas semanas después de cumplirse treinta y nueve años del ascenso de Francisco Franco a la Jefatura del Estado español, tras una larga agonía que lo apartó de la actividad pública por completo, el “Caudillo” moría en las instalaciones del Hospital Universitario La Paz (Madrid), tras practicársele varias operaciones a vida o muerte. A pesar de la muerte del dictador, aquello no significó en simultáneo el fin de la dictadura, habida cuenta de que las instituciones franquistas quedaban en pie, dando inicio un lento proceso de desmantelamiento en el cual los protagonistas de la política optaron por consagrar como principal argumento el “olvido”, manteniendo el “silencio” durante lo que pasaría a llamarse periodo de “Transición”.
Durante la primera mitad del siglo XX, Europa sufrió en carne viva los embates provocados por gobiernos nacionalistas y totalitarios que, en algunos casos, habían llegado al poder a través de elecciones democráticas y en otros –como en el caso español–, tras una larga conflagración interna que había dividido el país en dos facciones irreconciliables. La guerra civil dejó a su paso cientos de miles de muertos y desaparecidos, así como innumerables heridas que no terminarían de sanar con el paso de los años.
A partir del año 1945 y tras la conclusión de la Segunda Guerra Mundial, la dictadura española resultó ser, junto a la de Portugal, las dos únicas dictaduras fascistas del occidente europeo. Una dictadura que, de acuerdo a los antecedentes, negaba su carácter y se presentaba al mundo como una “democracia orgánica”, inspirada en los principios de familia, municipio y sindicato, con el que intentaron durante décadas convencer a propios y extraños de que en España se vivía el mejor de los regímenes políticos y que tarde o temprano todos tratarían de imitarlo.
Las transformaciones económicas y sociales experimentadas durante la segunda mitad del siglo XX, imposibilitaba hacer creíble el discurso del régimen, toda vez que España –con diferencia–, comenzó un proceso de industrialización urbano, al tiempo que las nuevas generaciones habían dejado atrás aquel discurso nacionalista que buscaba exacerbar el espíritu patriótico de guerra en la población. Un crecimiento económico provocado por la actividad turística, demandaba un nuevo enfoque y una reorientación en las políticas del gobierno que se había quedado estancado en medio de ideologías precarias difíciles de asimilar en una Europa moderna y libre.
Para el año 1970, un consejo de guerra celebrado en Burgos, sentenciaba a pena capital a seis de los dieciséis miembros de ETA, acusados de actividades terroristas. La determinación con la que el régimen buscaba combatir la amenaza etarra, trascendía en el discurso a las amenazas subversivas, las huelgas obreras, las protestas universitarias, en resumen, todas las expresiones disidentes que pudieran estar extendiéndose en territorio español debían ser condenadas.
La dictadura franquista conservaba para la década de los años setenta un magnífico aparato represor, aunque se encontraba terriblemente debilitada ante las constantes intervenciones de la comunidad internacional, que apoyaba las movilizaciones internas que se desencadenaron tras el proceso de Burgos, lo que provocó desconcierto y encendió las alarmas del entorno más importante del régimen franquista. Masivas manifestaciones estudiantiles, protestas de obreros, así como el posicionamiento férreo de intelectuales y artistas, orillaron al gobierno a dictar “estado de excepción” en toda España. Finalmente, para calmar la tensión y tras el pedido de varios gobiernos europeos, incluido el del papa Pablo VI, el dictador concedió el derecho de gracia para conmutar la totalidad de las penas de muerte impuestas.
Posteriormente, hasta el año 1973, se habían ejecutado pocas situaciones relevantes, para junio de aquel año el “Generalísimo” designó a Carrero Blanco como presidente del gobierno. A partir de este momento, se intentó cicatrizar las heridas abiertas dentro de la casta política del régimen, conformando un gabinete más equilibrado respecto de los anteriores. Poco tiempo duraría el ánimo del gobierno, pues el 20 de diciembre del mismo año, Carrero Blanco era asesinado en un atentado perpetrado por ETA. Esta acción fue considerada la más grave cometida contra el régimen desde que se hiciera con el poder.
En medio de la crisis, asumió la presidencia del gobierno Carlos Arias Navarro, cambiando una vez más el rumbo del gobierno entre tensiones y dudas. Su propuesta aperturista, contrastaba de lleno en la práctica, provocando bastante escepticismo en los opositores. A las pocas semanas quedaba en entredicho el aperturismo que se propugnaba, tras ejecutarse la pena de muerte en contra de Salvador Puig Antich, representante de un reducido grupo libertario, el Movimiento Ibérico de Liberación (MIL).
Para 1975, la dictadura naufragaba en una crisis que parecía irreversible, producto del creciente descontento ciudadano, así como la descomposición interna del franquismo, de lo cual, el dictador ya no tenía conciencia. Para Arias, la desaparición de lo que a su parecer debía aportar la máxima tranquilidad a los partidarios del régimen, no era otra cosa que contemplar “la luz permanentemente encendida en el despacho del caudillo”, intentaba definir cómo debía llevarse a cabo una siguiente etapa.
El proceso de Transición partió de la profunda crisis que debilitó el régimen, aunque el resultado final, estaba todavía lejos de conocerse. Una diversidad de proyectos y de intereses comenzaron a jugar su rol, todos con apoyos y con limitaciones, protagonizando un proceso largo, costoso y bastante doloroso para el pueblo español.
Carlos Manuel Ledezma Valdez
Escritor, investigador & divulgador histórico, miembro de la Sociedad de Escritores de Bolivia (SODESBO)