Representantes indígenas de 40 comunidades destacaron que existe cada vez menos acceso a la información en el tema minero. Esto es visto como un retroceso que vulnera los derechos fundamentales establecidos en la CPE y en tratados internacionales.
Fuente: ANF
Ante la expansión del extractivismo minero en las comunidades de tierras bajas (Beni Pando, La Paz y Santa Cruz) se generó un espacio de intercambio de experiencias en el encuentro “Minería en tierras bajas: impactos y desafíos”, organizado por diversas instituciones los días 7 y 8 de junio en Santa Cruz. Los participantes coincidieron que cada vez es menos el acceso a la información en este rubro.
En este evento representantes indígenas de 40 comunidades destacaron, producto del intercambio de experiencias, que existe cada vez menos acceso a la información en el tema minero, a pesar de las leyes que protegen este derecho. Se resaltó que entre 2009 y 2022 se contaba con información y datos sobre las áreas mineras y las instituciones que trabajan con estos datos podían cruzar este tipo de información, es decir, se tenía acceso. Entonces, las comunidades podían conocer cuán lejos o cuán cerca estaba un área minera.
Esa información se la adquiría mediante la tramitación de acceso a copias de estudios, mapas físicos y la compra de CD´s donde se identificaban todas las áreas mineras y contenían datos sobre las concesiones mineras que existían en la región, dónde estaban ubicadas, en qué municipio, en qué cantón, etc. Sin embargo, con el paso del tiempo y desde noviembre de 2023, aseguran, existe una restricción de la información. Esto debido a un cambio de normativa que realizó la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) donde se plantearía un camino más difícil para acceder a esos datos.
Esto es visto como un retroceso que vulnera los derechos fundamentales establecidos en la Constitución Política del Estado (CPE) y en tratados internacionales, que son: el Derecho al Acceso a la información, a la consulta y a la participación. Por este motivo, se elaboró un pronunciamiento donde se demanda al Estado el cumplimiento de normativas establecidas en la CPE y en convenios internacionales como el Acuerdo de Escazú.
El pronunciamiento del encuentro “Minería en tierras bajas: desafíos e impactos” demanda el cumplimiento del Acuerdo de Escazú, como lo expresa en los siguientes puntos:
2. Reivindicamos el derecho al acceso a la información desde las distintas instancias del Estado en relación a las áreas mineras, proyectos e impactos. Ya que en la actualidad la AJAM ha restringido el acceso a la información a la sociedad civil sobre las áreas mineras.
3 Reivindicamos el derecho a la consulta previa libre e informada y a nuestro consentimiento, así como el derecho a la participación conforme establecen los convenios internacionales.
6 Exigimos la aplicación del Acuerdo de Escazú para el ejercicio pleno a nuestro derecho a la información, a la participación pública, y la protección de los defensores y defensoras de los territorios, las áreas protegidas y el medio ambiente.
En ese sentido, Sofía Balcázar, del área de monitoreo socio ambiental de la institución PROBIOMA, destaca que una de las preocupaciones centrales que se ha manifestado en este evento es que, a pesar de que el gobierno boliviano sigue manejando un discurso de defensa de la Madre Tierra y de los derechos de los pueblos indígenas, en sus acciones, y en lugar de profundizar ese acceso a la información y a la participación, ocurre lo contrario.
“Ha llegado a tal punto que desde el año pasado no se tiene acceso a la información sobre áreas mineras por parte de la AJAM. Es una restricción total que obviamente atenta a estos derechos fundamentales de información que es la base para cualquier participación y toma de decisiones en materia ambiental”, aseguró.
Saúl Vargas Vélez, secretario de Tierra y Territorio TIM II, indicó que la minería tiene sus efectos de contaminación del medio ambiente y que pone en peligro sus territorios y comunidades. Por tanto, piden al Estado el acceso libre a la información al ser un derecho.
“Sobre la minería pedimos nomás al Estado nacional que nos brinde las informaciones porque es un derecho como bolivianos que tenemos la libre a la información que se nos pueda dar. Porque como territorio queremos esa información, como territorio TIM II, que estamos dentro del río Madre de Dios, solamente queremos que se nos respete nuestro territorio porque es un derecho como pueblos indígenas que tenemos”.
Asimismo, Zora Taborga Justiniano, vicepresidenta Central de Comunidades Indígenas de Chiquitos, solicitó el acceso libre a la información para que estén preparados ante cualquier intento de ingreso a sus comunidades por parte de operadores mineros.
“Solamente pedirle al Estado nacional de Bolivia, a las competencias, que nos den el acceso directo y libre a la información de las leyes y de todas las cosas que vienen, que nos va a afectar a nosotros como pueblos indígenas originarios de Bolivia. Recomendar a las autoridades municipales, a las autoridades comunales, que cualquier empresa en toda índole que quiera entrar a nuestro territorio, que seamos bien informadas, no mal informadas, pero también de respetar nuestros usos y costumbres y que podamos ser bien informados”, expresó.
Miguel Miranda, coordinador de incidencia en DDHH – del CEDIB, indicó que cada vez más existe la conciencia de que sin información de lo que el Estado está haciendo con los operadores mineros, los actores empresarios o cooperativistas en los territorios, es decir, que sin esa información no se puede avanzar en una defensa de derechos.
“La AJAM hace poco emitió una publicación restringiendo la poca apertura a la posibilidad de comprar información a la JAM, y lo ha hecho de la manera más absolutamente contraria a las obligaciones que tiene cualquier autoridad y funcionario del Estado. Está violando un derecho constitucional, un derecho además ratificado en convenios internacionales como el Acuerdo de Escazú”.
Por su parte, la AJAM emitió una nota donde asegura que esta institución gubernamental no limita el acceso a la información pública, y afirma que toda información que genera es de carácter público, y en ninguna instancia esta entidad puede negar el acceso a la información pública. “La Autoridad Minera es respetuosa de la normativa y los derechos de las comunidades y pueblos indígenas”, indica la nota prensa.
Finalmente, Paola Guerra, representante de la plataforma de defensa de las áreas protegidas en Ixiamas, expresó el deseo de hacer respetar los derechos de los pueblos indígenas y de contar con un comité que vele por los avances y resultados de los pronunciamientos emitidos como comunidades indígenas afectadas por la minería.
“Me encantaría que se haga un comité de tierras bajas para que en un próximo encuentro también veamos las respuestas a esos pronunciamientos, pero que el estado sepa que nuestras tierras no están solas, que hay gente que pensamos diferente, que amamos nuestra tierra y que valoramos nuestra tierra y que no vamos a permitir el pisoteo de la Constitución Política del Estado, el pisoteo a derechos constitucionales, no vamos a permitir que se nos atropelle ni se nos vulnere nuestros derechos”.
El encuentro «Minería en tierras bajas: Impactos y desafíos» fue organizado por un conjunto las instituciones PROBIOMA, CEDIB, la Central Indígena Chiquitana Amanecer Roboré CICHAR, la Central de Comunidades Indígenas de Chiquitos Turubó CICH-T y la CONTIOCAP.
