La Procuraduría General del Estado (PGE) atiende actualmente 287 casos a nivel nacional, de los cuales 30 están “ultrapriorizados” por los daños económicos que representan al Estado o por su importancia mediática.

“Esos 570 casos se redujeron a 287 procesos, de los cuales 30 de ellos tienen una categorización de ‘ultrapriorizados’, tomando en cuenta la afectación que ha sufrido el Estado en daños económicos”, informó María Belén Serrate, directora departamental de Santa Cruz de la PGE, en un video que la institución compartió este viernes en sus redes.

Reducción de procesos

Las declaraciones de Serrate concuerdan con las del procurador César Siles, quien brindó una conferencia de prensa el miércoles pasado sobre una reducción de procesos, debido a su importancia.

De acuerdo con la directora, antes de la gestión de Siles, la Procuraduría atendía 570 casos. “Se ha determinado que no en todas debería participar la Procuraduría; esto denota un abuso de poder de anteriores gestiones”, criticó.

A partir de la presente gestión, la Procuraduría determinó que solamente participarían de casos que afecten económicamente al Estado por más de Bs 7 millones.

Santa Cruz

Serrate informó de tres casos ultrapriorizados en Santa Cruz por el daño económico que produjeron al Estado.

“En uno de ellos hay un daño económico de 32 millones de bolivianos al Estado. En un segundo proceso tenemos 266.388.500 dólares como afectación al Estado. Un tercero, en el que existe un daño de 25 millones de bolivianos”, informó.

De acuerdo con la directora, el primer y el tercer proceso están relacionados con la exalcaldesa cruceña Angélica Sosa, por contratos irregulares y el mediático caso Ítems Fantasma. El segundo, que representa el daño más elevado, se debe a la paralización en la construcción de la siderúrgica del Mutún.

Casos

Otros de los casos que reciben una atención especial también se deben a la atención mediática y a factores políticos. Dentro de la lista de 30 casos a nivel nacional se encuentran: Golpe de Estado I, Senkata, Gases, Ventiladores Españoles, Piscinas de Litio, Amayapampa, Banco Fassil, Misiles Chinos, entre otros.

En algunos de ellos, las investigaciones no determinaron aún el daño económico que sufrió el Estado. Sin embargo, por sus características, se estima que superarían fácilmente los Bs 7 millones que considera la PGE para asumir el proceso correspondiente.

De esta manera, la Procuraduría pretende involucrarse únicamente en casos que tengan como sujeto afectado al Estado y no a particulares, pues, afirma, existen otras instancias que se pueden ocupar de aquellos procesos.