Fuente: ANF
La senadora de Comunidad Ciudadana (CC) Daly Santa María cuestionó la decisión del presidente nato de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), David Choquehuanca, de consultar al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) si la sesión del pleno es o no legal, porque eso sería como consultar «al ladrón si se reconoce como ladrón».
«En este caso es vergonzoso porque (el TCP) sería juez y parte. El proyecto de ley 075 va contra los magistrados (autoprorrogados) porque no son legales, como es correcto. Ellos han usurpado, han robado esos puestos. Entonces, (Choquehuanca) le está preguntando al ladrón: ¿Te reconoces como ladrón o no? Entonces, es irracional», declaró Santa María a la ANF.
De acuerdo a la parlamentaria, la consulta carece de fundamentos legales porque la respuesta de los magistrados será obvia.
Por otro lado, criticó la actitud de Choquehuanca porque, al realizar una consulta el TCP, está delegando sus funciones para que otro Órgano del Estado le diga cómo debe actuar, evitando sus responsabilidades que es comandar y hacer respetar al primer poder del Estado.
El jueves pasado, el presidente en ejercicio de la ALP, Andrónico Rodríguez, aprobó cuatro leyes, entre ellos, una en contra de la autoprórroga de los magistrados del TCP y el Órgano Judicial, pero Choquehuanca envió una consulta al TCP para ver la legalidad del mismo.
“A objeto de evitar nulidades o irregularidades que comprometan al Órgano Ejecutivo, agradeceré que el Tribunal Constitucional Plurinacional, en ejercicio de las atribuciones constitucionales que le asiste, emita un pronunciamiento jurisdiccional que permita tener certeza jurídica sobre la validez de esos actos legislativos para que se imprima la gestión que corresponda o, en su defecto, disponga se devuelvan esas comunicaciones para reencauzar el procedimiento legislativo que corresponda”, señala la nota que envío Choquehuanca al presidente del TCP, Paul Franco.
El senador del Movimiento Al Socialismo (MAS-arcista) Félix Ajpi también reprochó la actitud de Choquehuanca porque, como primer poder del Estado, están facultados para interpretar la CPE; en ese marco, sostuvo que la sesión fue legal y no hay necesidad de delegar la interpretación a otro poder del Estado.
Recordó que, desde el 2 de enero del 2024, los actuales altos magistrados usurpan funciones porque la Constitución dice que el mandato es por seis años, pero ellos se extendieron a un séptimo año.
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