En el documento se hará notar la falta de coordinación que hubo en las comisiones al momento de iniciar con la evaluación de los requisitos y los méritos de los postulantes.
Fuente: ANF
Un informe con al menos cinco observaciones y un análisis constitucional sobre los recursos legales que se interpusieron contra las elecciones judiciales será remitido a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), por la Alianza de Observación Ciudadana de la Democracia (OCD). También se prevé mostrar la falta de información por parte de las comisiones de la Asamblea Legislativa.
“Nosotros estamos elaborando un informe sobre las observaciones que hemos realizado al proceso de preselección, entregaremos la información a la que hemos accedido, pero existen ciertos temas a los que la veeduría no ha podido acceder. Entonces, este informe también va a demostrar el nivel de transparencia de las comisiones y las dificultades que hemos tenido en el acceso a la información”, informó a la ANF la responsable de la OCD, Sandra Verduguez.
El 16 de mayo, el Secretario Ejecutivo Adjunto de la CIDH, Jorge Meza, envió una nota a la ministra de Relaciones Exteriores, Celinda Sosa, solicitando que se remita toda la información sobre el proceso de preselección de candidatos al Órgano Judicial que se realizaba en la Asamblea Legislativa y las acciones previstas en el Tribunal Supremo Electoral (TSE).
Cinco días después el ministro de Justicia, Iván Lima, a través de una nota dirigida al presidente nato de la Asamblea Legislativa, David Choquehuanca, pidió que se remita la información requerida a la CIDH. El 22 de mayo, Choquehuanca traslado esa petición a las comisiones mixtas de Constitución y de Justicia Plural para que emitan esa documentación.
Las observaciones
Verduguez detalló al menos cinco puntos que serán incluidos en el informe que se entregará al organismo internacional, se tiene previsto que en los próximos días se concluya la elaboración del documento. Dijo que se está trabajando cuidadosamente para incorporar los legajos adicionales que se obtuvo en toda la etapa de preselección.
Una de las solicitudes de la CIDH fue conocer los recursos legales y amparos constitucionales que se interpusieron contra las elecciones, al respecto, Verduguez señaló que enviarán la lista de las causas procesales que se impulsaron desde marzo del 2023, tomando en cuenta que fue la primera oportunidad que ese proceso fue paralizado.
“Estamos recogiendo toda la información de los recursos presentados, de amparos constitucionales, en su mayoría, además de la acción popular que se han presentado desde el 2023. Se debe tomar en cuenta que en marzo del 2023 ha empezado el proceso y estamos trabajando con la elaboración de esta tabla”, explicó.
El informe de la Comisión Mixta de Constitución reveló que se registró 35 demandas de candidatos a magistrados inhabilitados, de esa cantidad, cinco solicitaron dejar sin efecto la convocatoria en su totalidad y lanzar un nuevo proceso.
El organismo internacional pidió conocer los reglamentos con los cuales estaban trabajando las comisiones mixtas de Constitución y de Justicia Plural de la Asamblea Legislativa. La representante de la veeduría dijo que se incluirá una comparación de los tres reglamentos donde se remarcará que no se tomaron en cuenta estándares para mejorar la preselección de los postulantes, sino que estos bajaron de calidad.
“Vamos a hacer una comparación y un análisis de cómo los reglamentos, desde el inicio, no han cumplido con los estándares internacionales para este tipo de procesos. En el tercer reglamento que le quitan la calidad al proceso, por ejemplo, ya no hubo entrevistas en este último reglamento, mientras que en los primeros sí se consideró ese tema. En vez de mejorar el proceso fue decayendo en exigencia y eso no daba garantía de buscar a gente idónea”, puntualizó.
Por otra parte, dijo que se incluirá un detalle de los veedores nacionales que participaron en la primera etapa de las elecciones judiciales; sin embargo, cuestionó que no se haya conocido los organismos internacionales que acompañaron ese proceso.
Consideró que el reglamento los discriminó al establecer solo los informes de los veedores internacionales, mientras que se resta importancia a los que serán entregados por las entidades nacionales.
Desorden
Por último, señaló que en el documento se hará notar la falta de coordinación que hubo en las comisiones al momento de iniciar con la evaluación de los requisitos y los méritos de los postulantes.
“Lo que debemos recalcar en este informe es que no hubo una definición previa de la metodología, no había criterios previos de evaluación, por ejemplo, las metodologías de calificación se han definido los primeros días del inicio de cada etapa y eso también debería de haber sido un trabajo más cuidadoso y responsable”, puntualizó.