El estadounidense asegura que es un paso importante contra los grupos irregulares que atentaron contra el sistema democrático del país
eju.tv / Video: BTV
Boris Bueno Camacho / La Paz
Thomas Becker es el abogado estadounidense de la defensa de las víctimas de octubre negro de 2003, llegó al país para hacer una pasantía jurídica y se convirtió en una pieza fundamental del juicio civil en contra de Gonzalo Sánchez de Lozada y Carlos Sánchez Berzaín que fue ventilado en un tribunal de Fort Lauderdale que los declaró responsables de las muertes y personas heridas en esos hechos que enlutaron al país.
Becker, pese a que radica en Estados Unidos, tiene la mirada puesta en Bolivia y se manifiesta de vez en cuando sobre temas de la coyuntura nacional; en ese sentido, se pronunció sobre la sentencia dictada este jueves en contra de los cabecillas de la Resistencia Juvenil Cochala (RJC) por los hechos ocurridos en octubre y noviembre de 2019 y la calificó como ‘un paso muy importante’ para la sanción a este tipo de grupos irregulares que atenta contra la democracia.
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El Juzgado de Sentencia N°12 de Violencia y Anticorrupción de Cochabamba dictó penas de cárcel para los miembros de la RJC. Su líder, Yassir Molina, fue sentenciado a ocho años de prisión; los hermanos Mario Antonio y Favio Alejandro Bascopé, a seis años y seis meses cada uno; en tanto, Milena Soto y Jaime Maldonado recibieron una condena de dos años. Sin embargo, el gobierno expresó su disconformidad y anunció que apelará el fallo judicial.
“Es algo muy importante, la justicia crea más justicia, la impunidad crea más impunidad, el intento de golpe de la semana pasada muestra cuán importante es que haya juicio contra este tipo de personas que han cometido violaciones de derechos humanos extremos, es una obligación legal del Estado. El GIEI (Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes) ya lo dijo, estos son grupos irregulares, son grupos paraestatales”, puntualizó.
Foto: captura pantalla
El jurista recordó que este grupo fue respaldado por el entonces ministro de Gobierno Arturo Murillo, quien financió las actividades irregulares que cometió este conjunto irregular de personas, al cual denominó como paraestatal, además de armarlo para protagonizar los actos violentos de 2019 en Cochabamba contra la democracia de Bolivia.
“Es muy importante tener juicios como este porque estos grupos utilizan pretextos de defensa de la democracia, pero no están defendiendo la democracia; porque, además, Bolivia ha tenido más transiciones ilegales o golpes que cualquier país en todo el mundo: 191 golpes de Estado en los últimos 200 años, entonces, es importante eliminar esta cultura de golpes de Estado que existe en Bolivia y sancionar a estos grupos que coordinan con la policía y los militares para cometer violaciones de derechos humanos”, enfatizó.
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En las pasadas horas, el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, rechazó mediante una publicación en la red social X la condena impuesta por ‘la justicia vendida al masismo’ contra los cinco integrantes de RJC a quienes expresó su solidaridad, además de incidir en que este grupo salió a las calles en 2019 para defender la democracia.
“Estamos con ustedes, Jasir, Mario, Fabio, Milena y Jaime, luchadores por la democracia y la libertad. Esta condena que viene de un gobierno corrupto y una justicia vendida, lejos de ser una afrenta, es una condecoración por luchar junto a nuestro pueblo para impedir el monumental fraude del MAS. Convoco a la oposición democrática, a los organismos internacionales que defienden los derechos humanos y al pueblo boliviano a repudiar y condenar este atentado a la democracia y la libertad”, escribió en su cuenta.
Foto: captura pantalla
Al respecto, Becker aseveró que no le extraña la reacción del líder político encarcelado en el centro penitenciario Chonchocoro, entre otros motivos, por haber participado en el supuesto golpe de Estado contra el entonces presidente Evo Morales Ayma, ya que la propia autoridad reconoció ante los medios de comunicación sobre los aprestos irregulares con policías y militares en 2019.
“No me sorprende que él haya financiado a estos grupos ilegales que fueron parte de la violencia y del golpe de Estado, Camacho dijo en un video que él iba a pagar a los policías, es un golpe de Estado, es una conspiración el cometer violaciones a los derechos humanos y deben ser procesados, porque son pasos obligatorios contra estas personas”, dijo.