La expresidenta Jeanine Añez no asistirá a la apertura de inicio de juicio oral por el caso Senkata, previsto para el 2 de septiembre, ni al resto de las audiencias, porque corresponde que sea procesada por un juicio de responsabilidades en su calidad de exmandataria del Estado.
Fuente: ANF
“En el caso Senkata se pretende juzgar a la expresidenta por la emisión de un decreto supremo que sería su presunta participación. En ese entender, la emisión de ese decreto hace que ella evidentemente sea procesada por un juicio de responsabilidades, tal cual lo ha manifestado la exmandataria. Es por este motivo que ella ha sido clara y enfática, no va a participar dentro de este proceso”, informó a la ANF el abogado de la exmandataria, Luis Guillén
La Procuraduría General del Estado, a través de un comunicado, confirmó que el 2 de septiembre del año en curso se realizará la audiencia de inicio de juicio en la vía ordinaria, en el Tribunal de Sentencia Penal Cuarto de la ciudad de El Alto.
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En ese sentido, a través de sus redes sociales, la expresidenta señaló que no tiene competencia para procesarla por la vía ordinaria y afirmó que los jueces del tribunal sexto de sentencia de La Paz fueron recusados.
“No tienen competencia. He recusado a sicarios del gobierno Liz Avilés, Germán Ramos y Marco A Vargas Tribunal 6º de LP al que me someten como en patrañas 1 y 2 (terrorismo e incumplimiento de deberes) ahora en patraña 3 (EBA). Tortura contra una presa política es ilegal, falsa y violenta”, escribió.
Procesados
En octubre de 2023, la Fiscalía General del Estado presentó una acusación por el delito de genocidio contra 18 personas: Jeanine Añez; los exministros Luis Fernando López, Arturo Murillo y Víctor Hugo Zamora; Luis Fernando Valverde, exdirector de la ANH.
Contra los exjefes militares Sergio Orellana, excomandante en jefe de las Fuerzas Armadas; Pablo Guerra, exjefe del Estado Mayor; Aldo Bravo, exinspector de las Fuerzas Armadas; Moisés Mejía, excomandante de la Armada; Ciro Álvarez, excomandante de la Fuerza Aérea; Iván Inchauste, excomandante del Ejército; Franko Suárez, excomandante de la Mecanizada; Julio Tamayo, exsubjefe del Departamento Tercero Logística; Miguel Santiesteban, subcomandante del regimiento de satinadores; Alfredo Irrazabal, exsubcomandante de la Escuela de Cóndores.
La acusación también fue para Rodolfo Montero, excomandante de la Policía; Julio Cordero, excomandante departamental de la Policía de La Paz; Iván Rojas, excomandante regional de la Policía de El Alto.
En ese sentido, Guillén dijo que se está llevando a cabo un proceso sin la participación de la exmandataria y aseguró que el Ministerio Público puso un abogado de oficio para defender a la exautoridad, lo cual fue calificado como una pantomima.
“Defensa Pública esta imposibilitada de asumir una verdadera defensa porque no tiene contacto con la expresidenta y lo que están haciendo es simular una pantomima de que la exmandataria estaría participando dentro de este proceso”, añadió.
Vulneración
Por otra parte, el jurista dijo que, inicialmente, se vulneró el derecho a la defensa cuando se le negó un juicio de responsabilidades, ahora se replica esa situación cuando se la lleva a un proceso por la vía penal sin su participación, porque tampoco se la declaró en rebeldía.
“A la exmandataria cuando se le niega el juicio de responsabilidades y se le está negando esa autoridad emanada por ley para que la juzguen. En este caso, efectivamente se simula no vulnerar este derecho a la defensa, pero se vulnera completamente porque las personas no están dentro del proceso, la expresidenta no sabe nada y no está participando”, puntualizó.
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