Ante la ausencia de Vicente Cuéllar, suspenden audiencia de amparo constitucional por el paro de 36 días por el Censo

El rector de la Uagrm, Vicente Cuéllar, no pudo asistir a la audiencia virtual debido a una reunión de urgencia en La Paz, por este motivo se postergó hasta el 26 de julio.

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[Foto: Archivo Vicente Cuéllar] / Calvo, Cuéllar, Vargas y Santistevan, imputados por el caso 36 días de paro por el Censo.

Fuente: Unitel

Se suspendió la audiencia de amparo constitucional por el caso del paro de 36 días por el Censo de Población y Vivienda, ante la falta de asistencia de uno de los imputados debido a una reunión en la que debía estar presente en la ciudad de La Paz. La nueva audiencia fue fijada para el próximo 26 de julio por la mañana.



La audiencia debía llevarse a cabo la mañana de este lunes de forma virtual.

El abogado Diego Coímbra informó que el rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Uagrm), que también es uno de los imputados en este caso, no pudo asistir a la audiencia virtual de amparo constitucional planteada como recurso para que el caso se lleve adelante en Santa Cruz y no en otra jurisdicción.

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“Esta audiencia fue suspendida en base a la solicitud que le hicimos a la sala constitucional, toda vez que el accionante, el señor Vicente Cuellar, fue convocado a una reunión de urgencia en La Paz. Hay una nueva fecha, que será el 26 de julio a las 10:30 de la mañana”, sostuvo Coímbra.

El amparo constitucional planteado por la defensa de los imputados es para exigir la restitución de los derechos, donde se establece que las personas deben ser procesadas en el lugar donde supuestamente ocurrieron los hechos, o el lugar donde viven, informó el abogado defensor.

Este caso fue iniciado en noviembre de 2022, cuando se sentó una denuncia planteada por el ejecutivo de la Central Obrera Regional (COR) de El Alto, Marcelo Mayta, donde también se sumó el Viceministerio de Transparencia, acusando de racismo y discriminación; asociación delictuosa y desórdenes o perturbaciones públicas, y terrorismo, contra cinco personas que estuvieron liderando las protestas en Santa Cruz, por la realización del Censo de Población y Vivienda.

Los acusados, según la denuncia, son Vicente Cuéllar, Reinerio Vargas, Rómulo Calvo, Luis Fernando Camacho y José Luis Santistevan.