La CEPB afirmó que el documento será remitido a las autoridades y a los sectores participantes. La institución realizará un análisis de las medidas que pueden aplicarse en Bolivia.
Los participantes al IX Encuentro de la Alianza Latinoamericana Anticontrabando (ALAC), tras su reunión realizada en Santa Cruz entre el 2 y el 3 de julio pasado, propusieron 12 medidas para enfrentar ese flagelo transnacional de una manera eficiente y eficaz.
Las propuestas son el resultado del debate generado en 10 mesas sectoriales, integradas por representantes de 97 entidades públicas y privadas de Latinoamérica, y se encuentran detalladas en el documento denominado “Declaración de Santa Cruz”, elaborado por la Secretaría Técnica del organismo y remitido a la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia, que co-organizó el evento.
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Entre las propuestas están: procurar que los estados trabajen de manera coordinada, y que existan políticas públicas continuas, que no dependan ni cambien con los gobiernos de turno; fortalecer la alianza público-privada; convocar la participación y acompañamiento de las agencias internacionales, entidades académicas e iniciativas privadas.
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Asimismo, avanzar y generar consenso alrededor de un observatorio internacional, con tecnología y plataformas digitales, para compartir información entre sector privado y público; mejorar la trazabilidad de los dineros y las transacciones internacionales; continuar trabajando en la armonización y cumplimiento de las normas en la región, de manera que la tipificación de los delitos asociados al comercio ilícito logre realmente un efecto disuasorio.
Además, se requiere de una rama judicial independiente y fortalecida; propiciar el uso de la inteligencia artificial como herramienta clave para el control del comercio ilícito por parte de las aduanas de la región; compartir e implementar buenas prácticas contra el comercio ilícito; procurar levantar información del delito para contar con cifras que permitan dimensionar el impacto del comercio ilícito para el Estado.
Señalan que se tiene que continuar haciendo campañas de concientización y sensibilización dirigidas al consumidor y al Estado; implementar herramientas como el “Compliance” dentro de las empresas, e invertir en recursos tecnológicos que permitan acercar a las entidades públicas con los ciudadanos.
El documento además incluye otras 40 propuestas de medidas concretas relacionadas con los sectores de acero y metalmecánica, textiles y confecciones, cosméticos, telecomunicaciones, farmacia, Insumos para la protección y nutrición de cultivos, alimentos, bebidas alcohólicas, llantas y cigarrillos, que corresponden a las mesas de trabajo del Encuentro.
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Al respecto, el presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), Giovanni Ortuño, señaló que estas propuestas son el resultado de uno de los debates más importantes que se ha realizado en la historia de este Foro, creado en 2016 en Colombia, porque “evidencian la decisión firme de los estados y los sectores empresariales de fortalecer la lucha contra los delitos asociados al contrabando y el crimen transnacional, y de disminuir los efectos devastadores que están generando en nuestras economías”.
Ortuño anticipó que el documento será remitido a las autoridades nacionales y a los sectores participantes. Agregó que la institución que preside, realizará un análisis de las medidas que pueden aplicarse en Bolivia, de manera prioritaria.
En el IX Encuentro de la ALAC participaron más de 120 representantes de organizaciones empresariales, instituciones gubernamentales y expertos de varios países de Latinoamérica. Estuvieron representadas 14 entidades públicas y 85 privadas que fueron parte de seis conferencias y tres paneles dirigidos por 17 expertos provenientes de Brasil, Perú, Bolivia, Guatemala, Argentina, Colombia, entre otros.