La oposición en la Asamblea Legislativa pide la promulgación de la ley aprobada en sesión dirigida por Andrónico que cesa de sus mandatos a los actuales magistrados mientras la bancada arcista plantea el desconocimiento de dicha norma por ser inconstitucional.
eju.tv / Video: Cadena A
Juan Carlos Véliz / La Paz
La reunión convocada por el presidente nato de la Asamblea Legislativa Plurinacional, David Choquehuanca, a los jefes de bancada de las tres fuerzas políticas, presidentes de Diputados y de Senadores, y los presidentes de las comisiones mixtas de Constitución y de Justicia Plural tenía la misión de trazar la ruta crítica para las elecciones judiciales, pero la situación de los magistrados prorrogados trabó un acuerdo.
“La posición política del gobierno de Luis Arce y del presidente nato David Choquehuanca no ha cambiado, quiere seguir sacrificando el proceso de las judiciales, a costa del derecho que tienen todos los bolivianos de acudir a las urnas y elegir a las nuevas autoridades del órgano Judicial”, denunció ayer el jefe de bancada de Comunidad Ciudadana (CC), Enrique Urquidi, en red Uno.
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Bolivia es uno de los pocos países en el mundo que elige a sus magistrados del órgano Judicial mediante voto popular y las elecciones para elegir a nuevas autoridades judiciales debía realizarse el año pasado, pero la falta de consensos en la Asamblea Legislativa postergó la realización de este proceso electoral.
En consecuencia, los magistrados que debían finalizar sus mandatos se prorrogaron en sus cargos en medio de cuestionamientos a la legalidad y legitimidad de sus actos mientras el proceso de selección de candidatos en el Legislativo está paralizado por órdenes judiciales.
Según Urquidi, la reunión convocada por Choquehuanca no llegó a ningún acuerdo porque el arcismo pretendía tenía el propósito de desconocer la ley 075, de cese de mandato de los magistrados prorrogados, sancionada en una sesión del Senado presidida por Andrónico Rodríguez el 6 de junio.
“Lo que querían era hacer una sesión para desconocer los resultados que se sancionó por más de dos tercios, la Ley 075”, lamentó. “Nosotros exigimos que el señor Choquehuanca promulgue la Ley 075 y que cesemos de sus funciones a los autoprorrogados (…), que amenaza que el proceso de preselección no pueda terminar en los términos que todos los bolivianos están aguardando hace mucho tiempo”, afirmó.
Las constantes paralizaciones del proceso de selección de candidatos en la Asamblea nuevamente ponen en riesgo la realización de este proceso electoral pese a los acuerdos del encuentro multipartidario organizado por el Tribunal Supremo Electoral la pasada semana como la postergación de las elecciones primarias para priorizar los comicios judiciales.
“Es importante no encerrarnos en ideas que claramente ante la normativas jurídicas que tenemos como la Constitución Política del Estado no son posibles como la promulgación de la 073, pareciera que es una solución mágica directamente promulgar la 073; sin embargo, cuál es la diferencia entre cesar las funciones cuando son las salas constitucionales que han estado obstaculizando la posibilidad de avanzar, creo que sencillamente es una búsqueda de agarrarnos de algo para no continuar ni avanzar en la etapa de preselección”, afirmó la diputada de la bancada arcista, Deisy Choque.
La parlamentaria explicó que el mandato de los actuales magistrados prorrogados finalizará cuando se elijan a los nuevos y sean posesionados en sus cargos por lo que se debería agilizar el proceso de preselección.
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La diputada Choque acusó a la oposición y al bloque evista en la Asamblea Legislativa de frenar el proceso electoral mediante la condicionante de que se promulgue la ley que cesa de sus mandatos a los actuales magistrados mientras el bloque arcista plantea el blindaje de las elecciones judiciales para que ninguna otra sala constitucional pueda frenar el avance.
Desde Comunidad Ciudadana responsabilizaron al MAS arcista por las demoras en el proceso de selección porque mediante una resolución pretende garantizar el mandato de los actuales magistrados como condición para “blindar” las elecciones judiciales.
“El MAS busca una resolución que primero ratifique a los auto prorrogados y segundo le de validez, y en ese sentido tratar de blindar supuestamente a la Asamblea Legislativa para que ninguna medida cautelar en teoría pueda afectar el proceso de elección judicial, lo cual es una trampa y nosotros hemos sido claros no vamos a validar a los auto prorrogados”, afirmó el diputado Alejandro Reyes en Cadena A.
Este año vence el plazo para la celebración de elecciones judiciales porque el próximo año debe realizarse los comicios para elegir al Presidente y asambleístas del Legislativo.
