Recientes declaraciones del ministro de Hidrocarburos y Energías reconocen que es necesario cambiar el marco legal para atraer las inversiones que el sector requiere para revertir la acelerada declinación productiva que experimenta. Frente a las dificultades que Bolivia enfrenta por la escasez de divisas, el país necesita un programa integral de atracción de inversiones que revierta la pérdida de reservas de hidrocarburos y la carencia de nuevos proyectos mineros, levantando las barreras que limita la producción agropecuaria y generando condiciones para el desarrollo de las exportaciones de servicios en sectores como el turismo y el desarrollo de software.
Si tomamos en cuenta que aún en el periodo pospandemia los países vecinos atraen inversiones extranjeras por decenas de millones de dólares, a pesar de todas las dificultades de inestabilidad política que han afrontado, con excepción del Paraguay, debemos cuestionarnos cuáles son las diferencias normativas, tributarias y del marco institucional en general que provocan la diferencia de resultados entre Bolivia y sus países vecinos, sólo para hablar de la realidad más cercana. En el caso nacional, las estadísticas al 2022 indican que enfrentamos un proceso de desinversión, por lo que los capitales, tanto internacionales como nacionales, están retirándose del país en la búsqueda de plazas más seguras.
Por ejemplo, el Perú atrajo inversiones durante el 2023 por un monto que supera los 30.000 millones de dólares de los Estados Unidos de América, a pesar de tener un gobierno muy débil, sin mayoría parlamentaria y con una presidenta cuya aprobación de gestión no supera el 5% de los apoyos. Todo indica que el respeto a las bases de la economía de mercado, la continuidad de las políticas económicas durante las últimas tres décadas, la certidumbre normativa, niveles tributarios competitivos y un aparato productivo que creció y se consolidó durante más de treinta años, posicionándose competitivamente en los mercados internacionales, mantienen una situación de estabilidad económica, crecimiento exportador y atracción de inversiones.
No es la situación de Bolivia. Nuestros principales sectores económicos y exportadores, agropecuario, hidrocarburos y minería, sufren de un marco normativo, legal y tributario, claramente adverso a la inversión privada. No es casualidad que en el sector minero no haya habido ningún proyecto importante de exploración durante los últimos veinte años. En el sector de hidrocarburos, las inversiones de los últimos veinte años estuvieron orientadas a mantener, o incrementar, la explotación de los campos ya descubiertos y descuidaron el desarrollo de nuevas reservas. En el sector agropecuario, las graves limitaciones al derecho de propiedad por la revisión del cumplimiento de la FES cada dos años, la prohibición del uso de biotecnología, la imposición de cupos a las exportaciones, entre otras medidas, han significado en los hechos un estancamiento del sector productivo agroalimentario y una inmensa pérdida de oportunidades de desarrollo sostenible para Santa Cruz y Bolivia en su conjunto.
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Además de estos sectores, la industria manufacturera también ha sufrido las consecuencias negativas de los límites que imponen las franjas de precios y los cupos de exportación en distintos sectores, la falta de una política exterior que priorice los intereses económicos y no las afinidades ideológicas, con lo cual se perdieron mercados y desaparecieron rubros enteros de exportación como las confecciones de ropa, las joyas de oro, la marroquinería y la industria de muebles, que ha quedado muy reducida.
Por su parte, el sector de servicios, como por ejemplo, la industria del software, enfrenta muchas dificultades de competir a nivel internacional, puesto que en Bolivia solo se considera exportación a productos tangibles, con lo que deben pagar impuestos locales que sus competidores de otros países latinoamericanos ya no pagan, puesto que han sido exentos de los mismos, por leyes que promueven la exportación de servicios.
Como se puede apreciar, Bolivia necesita una estrategia integral de reformas para volver a ser un país atractivo para las inversiones. Para ellos necesita cambiar leyes, reglamentos y muchas otras regulaciones, las que además necesitan la vigencia del Estado de derecho y tribunales independientes que garanticen la seguridad jurídica que toda inversión necesita. Ojalá no esperemos que las condiciones económicas empeoren a niveles más complejos para abrir los ojos y reconocer lo que en el mundo desarrollado se acepta como la base de cualquier gestión pública, que es la de priorizar la atracción de inversiones brindando las condiciones adecuadas para competir por la misma.