La Asociación de Periodistas de La Paz (APLP) y la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia denunciaron que esas prácticas autoritarias, además de violar los principios democráticos, buscan desviar la atención de los problemas económicos y políticos que atraviesa el país.
La Paz, 8 de julio de 2024 (ANF).- La Asociación de Periodistas de La Paz (APLP) y la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB) denunciaron que existe una arremetida contra personas y medio críticos al Gobierno, atentando la libertad de expresión y los derechos humanos en el país.
“El Gobierno, utilizando como pretexto la asonada militar de la semana pasada y la información sobre la emisión monetaria por parte del Banco Central de Bolivia (BCB), ha iniciado una campaña de persecución y represión. Esta ofensiva no sólo busca silenciar las voces disidentes, sino también crear un clima de miedo e intimidación entre la ciudadanía y los medios de comunicación”, indica el documento que lleva el título “Comunicado de la APLP y la ANPB sobre oleada de persecución policial y judicial”.
Las organizaciones periodísticas denunciaron que esas prácticas autoritarias, además de violar los principios democráticos, buscan desviar la atención de los problemas económicos y políticos que atraviesa el país.
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“Exigimos el cese de estas prácticas represivas y el respeto irrestricto a la libertad de expresión y a los derechos humanos. Hacemos un llamado a la comunidad internacional y a las organizaciones de derechos humanos a que se mantengan vigilantes y condenen estas acciones que vulneran los principios fundamentales de la democracia”, dice el documento.
El fin de semana se conoció algunas acciones penales contra activistas de derechos humanos y comunicadores.
El comunicador Virgilio Lema fue procesado por el Banco Central de Bolivia por indicar que el ente emisor ordenó imprimir nuevos billetes por un valor de Bs 18 mil millones, que representaría el 30% de toda la masa monetaria del país.
También se conoció la aprehensión de Fernando Hamdan, activista por los derechos humanos, por presuntamente estar vinculado a la toma militar del 26 de junio.
