Rómer Saucedo es el primer funcionario del Órgano Judicial que acata la disposición emanada por el TSE
eju.tv / Video: DTV
Boris Bueno Camacho / La Paz
El abogado Rómer Saucedo Gómez presentó ante el Consejo de la Magistratura su renuncia al cargo de juez N° 17 de instrucción en lo penal, anticorrupción y de violencia hacia la mujer, que ejerció hasta la pasada jornada, en sujeción a la determinación del Tribunal Supremo Electoral (TSE) que instruyó que los servidores públicos y actuales magistrados del Órgano Judicial habilitados para las elecciones judiciales deben renunciar hasta el 31 de agosto de este año indefectiblemente.
Saucedo no esperó hasta la fecha límite y renunció 10 días antes para ocuparse de lleno a su candidatura al Tribunal Supremo de Justicia por Santa Cruz de manera transparente; en su carta de renuncia recordó que la población exige una justicia transformadora y altas autoridades respetuosas de la Constitución Política del Estado (CPE), por ello, aseguró que acatará las reglas definidas por el ente electoral para los comicios judiciales y que, predicará con el ejemplo su intención de hacer cambios por el bien de la sociedad.
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“Mi renuncia es de efecto inmediato, a partir de ahora ya no soy más juez, creo mucho en la institucionalidad y la democracia, por eso cuando uno se titula como abogado jura respetar la CPE y las leyes y parte de ese respeto está establecido en el artículo 234 y 238 de nuestra Carta Magna, el TSE también ha sido claro al elaborar el reglamento, son las reglas con las que se va a llevar adelante esta elección y nos sometemos a esa servidumbre que no mancha que es la servidumbre a la CPE y las leyes”, enfatizó.
La carta de renuncia del juez cruceño Róger Saucedo. Foto: captura pantalla
El legista chiquitano se abstuvo de opinar sobre la determinación de algunos candidatos que aún son parte del Órgano Electoral quienes anunciaron que interpondrán recursos para objetar la disposición del ente electoral que los conmina a renunciar, solamente dijo que es una decisión personas, pero que, en su caso, asume con responsabilidad de sus actos en la decisión tomada porque es un ‘fiel creyente’ de las reglas que impone el sistema democrático y del respeto a la institucionalidad que debe primar en el país.
“A partir de este momento soy un ciudadano más para poder desempeñarme como establecen las reglas establecidas en el reglamento y la Constitución, (…) será el TSE quien difunda nuestros méritos y propuestas, pero no podemos inducir ni hablar a favor o en contra de un candidato; es muy importante seguir estas limitaciones porque no debemos violar la norma”, afirmó el abogado nacido en San Ignacio de Velasco, en la Chiquitania cruceña, que cursó sus estudios en Derecho en la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (UAGRM).
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En los 90 días que dura el proceso hasta la votación del 1 de diciembre, el jurista estima que se dedicará a la profesión libre ya que no hay impedimento para ello según el reglamento de las justas judiciales; reiteró que, por una cuestión de principios, decidió dar un paso al costado en la judicatura y no aferrarse al cargo ni ir en contra de una disposición constitucional, en respeto a la enseñanza de sus padres, quienes le dijeron que ‘uno entra por la puerta grande y sale por la puerta grande’.
“Somos hombres de Ley, somos personas formadas en el Derecho y la Constitución Política es demasiado clara y el TSE lo establece en su reglamento cuáles son los parámetros (para los postulantes), en el momento de presentarnos a la preselección sabíamos cuáles iban a ser las limitaciones y a qué nos estábamos metiendo; por una cuestión de principios y ética hay que asumir ciertas responsabilidades, no puedo pretender cambiar las reglas del juego cuando ya fueron dadas”, concluyó.
Foto: captura pantalla
El TSE indicó que los servidores públicos que son candidatos a magistrados deben renunciar hasta el 1 de septiembre de acuerdo con los artículos 234 y 238 de la CPE que establecen que quienes postulen a cargos electivos deben renunciar 90 días antes del proceso electoral, excepto el presidente y el vicepresidente del Estado. En las judiciales participarán 139 aspirantes al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Consejo de la Magistratura (CM) y Tribunal Agroambiental (TA).