Desde la autonomía universitaria hasta la reforma de la CPE, nueve referendos marcaron la historia de Bolivia

El presidente Luis Arce inició los trámites para dirimir dos temas como la reelección presidencial discontinua y la subvención de carburantes en una consulta ciudadana que podría ser convocada mediante decreto supremo.

eju.tv
Juan Carlos Véliz / La Paz



Bolivia se prepara para un nuevo referéndum que, según el Gobierno, podría coincidir con las elecciones judiciales del 1 de diciembre. Hasta ahora, la democracia directa ha sido clave en nueve procesos electorales que han definido decisiones importantes, como la autonomía universitaria en 1930 o el rechazo a la reforma constitucional en 2016.

En 1930, por primera vez en Bolivia se adoptaron decisiones mediante un referéndum, según las referencias históricas. El corto gobierno del general Carlos Blanco Galindo sometió a consideración del electorado reducido de la época nueve preguntas, cuyos resultados perduran hasta ahora.

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Los votantes aprobaron, entre otras medidas, la autonomía universitaria, el hábeas corpus, dieron rango constitucional a la Contraloría y respaldaron un proceso de descentralización que el siguiente gobierno elegido no aplicó debido los riesgos que corría el país ante un inminente conflicto bélico con Paraguay.

«Pese a la importancia de ese referéndum, este instrumento de democracia directa no se consolidó como práctica, tal vez por la guerra del Chaco que dio lugar a un escenario político, social y cultural muy distinto del que prevalecía antes de ella», apunta Salvador Romero Ballivián, expresidente de la Corte Nacional Electoral y del Tribunal Supremo Electoral, en una ponencia de 2007.

A lo largo del siglo XX, Bolivia tuvo un solo referéndum y recién en 2002 se incorporó el referéndum en las reformas a la Constitución, como un mecanismo para permitir decisiones más directas de la ciudadanía sobre asuntos de gran interés para el Estado.

Sin embargo, el camino para ese propósito fue tedioso. El Congreso aceptó reformar la Constitución para incorporar el referéndum y la iniciativa ciudadana para plantear proyectos de ley al Parlamento. Los cambios no entraron inmediatamente en aplicación pues necesitaban ser ratificados por la siguiente legislatura.

La inestabilidad política derivó en la renuncia del presidente Gonzalo Sánchez de Lozada en 2003 y demoró el procedimiento hasta el gobierno de Carlos Mesa, quien asumió el mando del país.

Así esta forma de democracia directa ingresó en la Constitución en 2004 y unos meses después, en un ambiente de tensión y confusión política se aprobó la ley del Referéndum.

Mesa fue el primer presidente que convocó a la primera consulta ciudadana dentro de la democracia y con sufragio universal. Entonces puso en debate la política energética en cinco preguntas que fueron aprobadas por la ciudadanía.

Después, organizaciones civiles de Santa Cruz reunieron firmas suficientes para que se convoque al primer referéndum de iniciativa popular sobre las autonomías departamentales. Esa consulta se realizó de manera simultánea a la elección de la Asamblea Constituyente en 2006, arrojando una corta victoria del No, pero con resultados muy contrastados entre regiones.

En 2008, las prefecturas y comités cívicos de Santa Cruz, Beni, Tarija y Pando organizaron mediante iniciativas ciudadanas referendos para convertir sus regiones en autónomas, y en diferentes fechas de ese año aprobaron sus estatutos autonómicos que establecieron una administración descentralizada del Estado con ingresos propios.

Santa Cruz tomó la iniciativa y el domingo 4 de mayo de ese año, 935.527 ciudadanos acudieron a las urnas para refrendar el estatuto autonómico. Un 85,6% votó por el Sí mientras un 14,4% sufragó en contra, según los resultados entregados por la Corte Departamental Electoral de esa región.

La Corte Nacional Electoral de entonces manifestó que los resultados no serán considerados válidos porque los referendos fueron convocados al margen de la Ley de Referéndum que establecía que corresponde a la Corte Nacional Electoral organizar y ejecutar el referéndum, y escrutar y declarar sus resultados.

En medio de una confrontación entre el gobierno del entonces presidente Evo Morales y la llamada «media luna» (Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija), se realizó un referéndum revocatorio como una salida a la tensión política del país.

El proceso electoral se realizó el 10 de agosto de 2008 para decidir la permanencia del entonces presidente Evo Morales, el vicepresidente Álvaro García Linera y ocho de los nueve prefectos departamentales

Morales fue ratificado en su cargo al obtener 67,43% a su favor. Los prefectos de Chuquisaca, Oruro, Potosí, Tarija, Santa Cruz, Pando y Beni también fueron ratificados en sus cargos mientras los prefectos opositores de La Paz, José Luis Paredes, y de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, fueron revocados al obtener resultados adversos.

El proceso electoral; sin embargo, no logró el desempate buscado y se tuvo que recurrir al Congreso de entonces para lograr ajustes en la redacción de la nueva Constitución Política del Estado pese a que fue redactado y aprobado por la Asamblea Constituyente en diciembre de 2007.

El domingo 25 de enero de 2009 se realizó el referéndum para la nueva Constitución Política del Estado después de que fue pospuestos en dos ocasiones. El nuevo texto constitucional fue aprobado con el 61,43% de los votos.

La nueva Carta Magna entró en vigencia el 7 de febrero de 2009.

Después Bolivia buscó la perfección de su autonomía reconocida en la Constitución Política y mediante referendo autonómico en 2015 se aprobaron los estatutos autonómicos departamentales de Chuquisaca, La Paz, Cochabamba, Oruro y Potosí).

Además se buscó la profundización de las autonomías hasta territorios indígenas.

En este nuevo contexto, los estatutos de Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija fueron adecuados a la nueva Constitución e ingresaron en vigencia. Ese fue el paso trascendental de la democracia directa y los acuerdos políticos de entonces.

En 2016 también se realizaron referendos de Estatutos Autonómicos y Cartas Orgánicas en 15 entidades territoriales autónomas (ETA) con una participación ciudadana del 76,59%.

El 21 de febrero de ese año se realizó el referéndum para aprobar o no la reforma del artículo 168 de la Constitución Política del Estado que establece que el Presidente de Bolivia tiene derecho a una sola reelección consecutiva.

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La Asamblea Legislativa, controlada entonces por el MAS, aprobó la reforma constitucional para que el Presidente de Bolivia pueda ser reelecto por dos veces de manera continua. El directo beneficiario de la reforma debía ser el presidente de entonces Evo Morales.

La opción No ganó con el 51,3% de los votos válidos, frente al 48,7% de votos del Sí El No ganó en seis de los nueve departamentos (Chuquisaca, Potosí, Tarija, Santa Cruz, Beni y Pando), y el Sí venció en los departamentos de La Paz, Cochabamba y Oruro.

Como el Presidente no logró su objetivo, recurrió al Tribunal Constitucional que mediante una sentencia lo habilitó para otra reelección en 2019; sin embargo, el proceso electoral derivó en una grave crisis política que derivó en la renuncia de Morales el 10 de noviembre de 2019 y su salida a México.

Ahora, el presidente Luis Arce inició los trámites para dirimir dos temas como la reelección presidencial discontinua y la subvención de carburantes en una consulta ciudadana que, según adelantaron, será convocada mediante un decreto supremo.