Pocos días después de haber sido anunciada su convocatoria, la idea del referéndum comenzó a perder fuerza y respaldo, lo mismo que la confianza en los resultados del diálogo económico con el sector privado.
Y es que si algo ha perdido credibilidad desde el 21 de febrero de 2016 es la palabra de los gobiernos del MÁS. En esa oportunidad la consulta iba a servir para saber si la gente aceptaba o no una reelección más de Evo Morales y la respuesta mayoritaria fue no. Pero el gobierno de entonces, que es el mismo de hoy, con algún maquillaje de última hora, desconoció el resultado y, en el camino, inventó mil y un disparates supuestamente legales, para habilitar nuevamente a su candidato.
Una cosa es la credibilidad y otra la vinculación entre la respuesta y los hechos. Si la gente le dice no a la eliminación de los subsidios, entonces ¿solo porque el pueblo tiene la última palabra no se hará nada al respecto? En caso, por ejemplo, de que el año próximo un candidato de oposición, cualquiera que sea, gane las elecciones, ¿se verá obligado a aceptar el veredicto emanado de la consulta en el tema específico de los hidrocarburos? Es decir, ¿aceptará atarse de manos solo porque a su antecesor se le ocurrió renunciar a la responsabilidad de decidir que tiene cualquier gobernante serio?
Si nos atenemos al discurso del vicepresidente David Choquehuanca el pasado 6 de agosto, el gobierno no tiene voluntad de cambiar los principios sobre los cuales se asienta su modelo económico y que, en gran medida, son responsables de la crisis que enfrenta hoy el país. Concentrar todas las expectativas en una supuesta industrialización que no sirvió de nada hace décadas, solo significa aferrarse a la ideología y resignar un análisis sensato de la realidad. Ahí están la mayoría, sino todas, las empresas estatales, como testimonio del absoluto fracaso de estas políticas.
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Si, como conclusión de un diálogo con el sector privado, surge la iniciativa de ajustar el cinturón de un sector público “obeso” como el que se mantiene en la actualidad, qué tan probable es que el presidente vaya en contra de quienes constituyen la base de sustentación de un proyecto político con un respaldo que casi se reduce al de los funcionarios públicos.
Bajo las condiciones actuales, ¿se puede hablar verdaderamente de algún cambio en la gestión de los hidrocarburos? Este es un sector del que se alejaron las principales empresas internacionales, sencillamente porque Bolivia ya no ofrecía condiciones ventajosas ni seguridad jurídica para poder invertir. Sin la plata de las transnacionales no se puede perforar medio pozo, precisamente ahora que lo que se necesita es perforar muchos más.
Es el mismo caso de la minería. Mientras la inversión privada extranjera, con tecnología de punta y mejores prácticas ambientales llega a países vecinos para generar desarrollo y prosperidad, en Bolivia se sigue apoyando a la minería cooperativizada, que produce menos, mal y con un impacto tremendamente negativo sobre el medio ambiente. Obviamente hay un enorme potencial de reservas, pero no es con procedimientos caducos que se va a lograr superar la anemia productiva de este sector.
Y en prácticamente todos los casos nos encontramos con que la principal dificultad es, por decirlo rápido, ideológica. El gobierno no puede abandonar sus consignas, porque se arriesga a perder lo poco que la queda de identidad y, de paso, se expone, a darle argumentos a sus adversarios internos, cuyo ataque más frecuente gira en torno a la derechización del actual esquema.
Nos encontramos ante un gobierno que se quedó sin proyecto o, más bien, que cada día observa como fracasa su proyecto, y que no tiene camino de reinvención por ninguna parte. Tal vez por eso, el presidente haya decidido “abdicar” antes de tiempo y dejar a otros la tarea de tomar las decisiones, y así salvar responsabilidades políticas si las criticas llegan en tiempos electorales.
A todo esto, ya hay muchos que no creen que finalmente se realice el referéndum y son muy pocos los que apuestan a un resultado concreto del diálogo económico, porque los interlocutores hablan idiomas completamente distintos.
Hay, además, una suerte de callejón sin salida al que el propio gobierno ha decidido exponerse. De otro modo, no se entiende la convocatoria simultánea a un “gabinete social”, cuando se puede anticipar que las conclusiones de ese evento irán en contrasentido a las que puedan emerger de otros espacios menos ideologizados. Está ha sido la disputa desde hace años y nada permite suponer que haya cambios.
El pasado 6 de agosto el presidente decidió, casi, dejar de gobernar y entregar temas centrales de la agenda a consultas de las que no se puede esperar mucho. No es políticamente correcto hablar mal o con pesimismo de los diálogos que se avecinan, pero los antecedentes no dejan mucho espacio para la esperanza.
El gobierno quiere compañeros de última hora en el tramo final de su viaje, para que en cierta forma nadie se salve del desastre. Es como el capitán de un barco que se hunde que, en la desesperación y con el agua al cuello, pide a los pasajeros consejo para reflotar y así por lo menos sentir que no todo fue su culpa.