Los cinco uniformados implicados en la revuelta del 26 de junio pidieron acceder al procedimiento abreviado. Una comisión de fiscales analiza las solicitudes.
Imagen de algunos de los detenidos por los sucesos del 26 de junio, en Plaza Murillo./ APG
No se conocerán mayores datos de lo que ha dicho el exgeneral sublevado Juan José Zúñiga en su declaración ampliada.
Es que la Fiscalía ha decidido declarar en reserva el testimonio del exjefe militar, mismo que ha protagonizado la revuelta militar sucedida el 26 de junio de 2024, cuando la plaza Murillo se vio asediada por tanquetas en una aparente rebelión. Entonces, todo el gabinete del Ejecutivo y el presidente Luis Arce se mantuvieron atrincherados dentro del Palacio Quemado. Tras horas de incertidumbre, finalmente la calma retornó y a partir de allí se tejieron teorías varias respecto a lo acontecido.
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“En el caso del alzamiento armado se ha llevado a la investigación y se ha tomado la declaración ampliatoria del señor Zúñiga. Esta declaración ha sido declarada en reserva por la comisión de Fiscales”, confirmó el fiscal general del Estado, Juan Lanchipa.
En su primera comparecencia, el exgeneral, preso en el penal de El Abra, apeló al derecho al silencio. Sin embargo, más tarde decidió cambiar de estrategia y brindó su testimonio el 25 de julio, durante varias horas, en Cochabamba.
CINCO PIDEN JUICIO ABREVIADO
Mientras continúa en curso la investigación en torno a los hechos del 26 de junio en La Paz, se conoce que al menos cinco militares de bajo rango han pedido acceder a procedimiento abreviado, asumiéndose, así, culpables del caso.
El fiscal departamental de La Paz, William Alave, indicó lo siguiente: “Hemos recibido la solicitud de cinco procedimientos abreviados (…). Vamos a analizar bajo qué solicitudes están pidiendo y los criterios de oportunidad”.
Más de 30 personas se encuentran dentro de los expedientes investigativos. Los primeros en ser capturados fueron Zúñiga y Juan Arnez, de la Armada. Poco después cayó Marcelo Zegarra, excomandante de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB).
Luego se abrió paso a la seguidilla de militares y civiles en caída, hasta alcanzar y superar la treintena de investigados por los hechos irregulares que sentaron precedentes no solo en Bolivia, sino en el mundo. Se sucedieron audiencias maratónicas que derivaron en las detenciones preventivas y domiciliarias de los presuntos involucrados.
Hasta los primeros días de julio se conoció que al menos cuatro militares (dos capitanes y dos coroneles), pertenecientes al Ejército, no solo declararon formalmente haber desconocido toda la movida militar de la que fueron parte el 26, sino que se querellaron penalmente contra Zúñiga.
Desde el Gobierno sostienen la teoría de la intentona de golpe, mientras que la oposición y el “evismo” entienden que el 26 de junio se dio un “autogolpe”.