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Los procesos judiciales contra la gestión transitoria de Jeanine Áñez retomaron la atención pública la anterior semana, por los casos de las exministras Roxana Lizárraga y Eidy Roca. Así, surge una interrogante: ¿cuántos casos afrontan la expresidenta y su gabinete?

Lizárraga, titular de Comunicación en el polémico mandato de la exsenadora opositora (del 12 de noviembre de 2019 al 8 de noviembre de 2020), fue sentenciada a cuatro años de cárcel por el delito de enriquecimiento ilícito con afectación al Estado, por 182 movimientos bancarios irregulares por Bs 247.072 cuando cumplía sus funciones.

Jeanine Áñez

Está prófuga de la Justicia e instaló su residencia en Estados Unidos. Su abogado, Franklin Amaru, anunció una apelación, mientras que Lizárraga denunció “persecución política”. Pero eso no es todo, ya que afronta otra investigación por la internación ilegal de material antidisturbios de Ecuador, que se encuentra en la fase del juicio oral.

Una revisión de periódicos y de páginas electrónicas de medios muestra que Áñez y 18 de los 34 ministros de su gestión cargan sobre los hombros al menos 37 procesos judiciales (ver cuadro): unos con sentencia, otros listos para juicio oral, unos con imputación o acusación fiscal, otros en medio de pesquisas y algunos simplemente en la congeladora, sin avances.

Por el caso Golpe de Estado II, la expresidenta cumple una condena de 10 años en el penal de Miraflores en La Paz, por su proclamación ilegal en 2019. Y se ventilan otros cuatro casos en su contra: por las masacres de Sacaba y Senkata, el derrocamiento de Evo Morales (Golpe de Estado I), un nombramiento irregular en la Empresa Boliviana de Alimentos y Derivados (EBA), y la venta ilícita de Jet-Fuel.

Sus ministros

Entre los 37 procesos judiciales hay cuatro con sentencia. Dos se refieren a los procesos descritos contra Áñez y Lizárraga. Otra tiene que ver con el caso Golpe de Estado I, ya que si bien resta instalar el juicio oral contra los principales acusados —entre ellos la exmandataria y el gobernador encarcelado cruceño Luis Fernando Camacho—, se emitieron condenas mediante procesos abreviados.

Así sucedió con Álvaro Coímbra y Rodrigo Guzmán, extitulares de Justicia y de Energía, respectivamente, quienes admitieron en un juicio corto la comisión del delito de encubrimiento, con relación al delito de asociación delictuosa, y fueron sentenciados a dos años de prisión. Similar decisión asumieron cuatro exjefes militares que eran parte del caso.

Urea

El cuarto excolaborador de la era Áñez con condena es Víctor Hugo Zamora, exministro de Hidrocarburos, quien está prófugo. En noviembre del año pasado fue sentenciado junto a Herland Soliz, extitular de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), a ocho años de cárcel por la paralización de la Planta de Amoniaco y Urea, por los delitos de incumplimiento de deberes y conducta antieconómica.

Pero, ¿cuál exautoridad tiene más casos abiertos? Áñez arrastra cinco, al igual que el alcalde paceño Iván Arias (extitular de Obras Públicas); Luis Fernando López (Defensa) tiene cuatro; Guzmán, la misma cifra; y con tres cada uno figuran Zamora, Álvaro Coímbra (Justicia) y Yerko Núñez, quien dirigió los ministerios de la Presidencia y de Obras Públicas (revisar más datos en el cuadro).

Y quien ocupa el primer sitial es el brazo derecho de Áñez durante su mandato, Arturo Murillo, exministro de Gobierno, con al menos 10 procesos, quien cumple una condena en Estados Unidos por lavado de dinero proveniente precisamente de uno de los casos indagados en el país: la compra de gases lacrimógenos con un sobreprecio de al menos $us 2,3 millones.

Procesos

Según un listado del Ministerio de Gobierno, los otros nueve “procesos sustanciados” contra el exlegislador de Unidad Demócrata (UD) tienen que ver con las masacres de Sacaba y Senkata; el material antidisturbios internado irregularmente de Ecuador; la extradición del narcotraficante Einar Lima Lobo; o el allanamiento a la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) en 2020.

Además, se lo indaga por legitimación de ganancias ilícitas; la desaparición de horcones de droga; contratos lesivos al Estado en cuanto a aeronavegabilidad y dotación de catering a la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC); y por “bloquear” la libertad de un reo en la penitenciaría de Palmasola, en Santa Cruz.

Aparte, la pesquisa por las masacres de Sacaba y Senkata, del 15 y 19 de noviembre de 2019, respectivamente, es la que implica a más exautoridades: Áñez, Murillo, López y Zamora; la Fiscalía pedirá en el juicio oral 30 años de prisión. Le sigue el caso Golpe de Estado I, que involucra a Áñez, López, Coímbra y Guzmán, aunque estos dos últimos ya tienen condena.

Acusados

Otros procesos “compartidos” son por el material traído ilícitamente de Ecuador (Murillo, López y Lizárraga); las ganancias ilícitas por el sobreprecio en la compra de gases (Murillo y López); otro caso similar que implica a Coímbra y Guzmán; la venta ilegal de Jet-Fuel (Áñez y Arias); un caso de discriminación y otro por el Tren Metropolitano (Arias y Núñez); y uno de conducta antieconómica, contra Núñez y Óscar Ortiz, exministro de Economía y de Desarrollo Productivo.

Eidy Roca, extitular de Salud, es acusada de la adquisición irregular de respiradores chinos durante la pandemia, junto a otras siete personas, por un daño de $us 10 millones. Esta semana, su salud deteriorada volvió a la palestra pública, por una enfermedad incurable, y se apunta a apartarla del proceso listo para juicio.

Y hay prófugos, como López (Paraguay); Zamora (¿Paraguay o Argentina?); Núñez (paradero desconocido); Lizárraga (EEUU) y María Elba Pinckert, extitular de Medio Ambiente (¿Brasil?); mientras que la excanciller Karen Longaric y el exministro de la Presidencia Jerjes Justiniano se autoexiliaron en Alemania y Estados Unidos.