Fuente: https://actualidad.rt.com
El expresidente de Cataluña, Carles Puigdemont, ha explicado este viernes cómo se produjo su inesperada segunda huida de España la semana pasada, cuando ingresó después de siete años al país para protagonizar un breve mitin delante de sus simpatizantes en las cercanías del Parlamento catalán el día del debate de investidura del nuevo presidente de la región, para luego volver a desaparecer.
Sobre él está pendiente una orden de detención nacional emitida por el juez Llarena, del Tribunal Supremo, que se ha negado a aplicarle la ley de amnistía para el ‘procés’ aprobada por el Congreso de los Diputados al considerar que el delito de malversación del que se le acusa no queda cubierto por la norma.
I didn’t return to Catalonia to be arrested. I returned to exercise the right to resist oppression. When a judge refuses to apply democratic law, that’s a form of oppression — one that no democrat should tolerate.
«Spanish judges pulled off a hybrid coup» https://t.co/1IRzknlRiy
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— krls.eth / Carles Puigdemont (@KRLS) August 16, 2024
En un texto publicado en el diario Politico, Puigdemont desmiente los rumores que hablaban de que podía haberse escapado en barco o incluso en el interior del maletero de un coche. Por el contrario, el expresidente catalán afirma: «No hubo necesidad de esconderme en el maletero de un coche, como afirman que hice. Me senté en la parte trasera de un vehículo privado y me llevaron a través de la frontera entre el sur de Cataluña y el norte de Cataluña, que es administrativamente territorio francés».
Se trata de una pequeña parte de un extenso texto en el que se presenta de nuevo como víctima del sistema judicial español, aseverando que no ha sido condenado ni juzgado y que está siendo perseguido. «La politizada Segunda Sala del Tribunal Supremo ha decidido rebelarse contra una ley que no le gusta, desobedeciendo a un Parlamento democrático «, sostiene.
«Golpe híbrido»
El político defiende que se ha producido un «golpe híbrido» y define la situación como «unos jueces que subvierten la voluntad del pueblo y anulan la legislación aprobada por un Gobierno democrático bajo el pretexto del Estado de derecho».
Además, califica de «surrealista» lo que para él es una «distorsión de la realidad» con la finalidad de dejarle fuera del ámbito de aplicación de la ley. La situación «no solo ignora la ley, sino que también se burla de los legisladores españoles», apunta.
Cuando un juez se niega a aplicar la ley democrática, esa es una forma de opresión que ningún demócrata debería tolerar.
Asimismo, Puigdemont sostiene que se trata de «una persecución judicial de carácter político«, como confirma —a su juicio— que los jueces no hayan accedido a las peticiones de Fiscalía y Abogacía del Estado y, sin embargo, hayan reconocido una acusación particular interpuesta por el partido de ultraderecha Vox.
El político narra que ingresó en España el martes de la semana pasada, dos días antes de su aparición pública, y que finalmente optó por no ingresar al Parlamento regional, como era su intención inicial, por el riesgo a ser detenido.
«No volví a Cataluña para que me detuvieran, volví para ejercer el derecho a resistir la opresión. Cuando un juez se niega a aplicar la ley democrática, eso es una forma de opresión que ningún demócrata debería tolerar», asegura en el escrito.
Por ese motivo puso en marcha el «plan alternativo» que había preparado: «hablar en el acto, eludir la detención ilegal y salir de España», y así logró eludir el operativo que pusieron en marcha los Mossos d’Esquadra (la Policía regional catalana) para detenerlo.
«La última vez que se organizó una operación de tal magnitud en Cataluña fue hace exactamente siete años, bajo mi presidencia, y en esa ocasión fue a causa de los terribles atentados yihadistas en Barcelona y Cambrils», critica el político, refiriéndose a unos atentados terroristas que causaron 16 muertos y conmocionaron al país.
Puigdemont huyó de España para eludir la acción de la Justicia española en 2017 tras la celebración del referéndum de autodeterminación ilegal y la posterior declaración de independencia unilateral. Desde entonces se han seguido en su contra diversos procesos judiciales. Tras la aprobación de la ley de amnistía que entró en vigor en junio, el Supremo se negó a aplicarla para el delito de malversación de fondos públicos.