El Tribunal Constitucional de Bolivia declaró la inconstitucionalidad de un artículo de la Ley 300 que establecía “la no mercantilización de las funciones ambientales de los componentes de la Madre Tierra”, mismos que “no incluirán mecanismo de financiamiento a los mercados de carbono”
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La Defensoría del Pueblo de Bolivia pidió este lunes al Tribunal Constitucional (TCP) que aclare la sentencia que autoriza los mercados de carbono, en la que no se tomó en cuenta los argumentos de la Vicepresidencia del Estado que generó la norma que prohibía dicho comercio.
El pasado 19 de julio, el TCP declaró la inconstitucionalidad de un artículo de la Ley 300, Ley Marco de la Madre Tierra y Desarrollo Integral para el Vivir Bien.
El artículo establecía «la no mercantilización de las funciones ambientales de los componentes de la Madre Tierra», mismos que «no incluirán mecanismo de financiamiento a los mercados de carbono».
En la sentencia, el Constitucional hizo una valoración de las normas internas y los instrumentos internacionales como el Acuerdo de París y el Protocolo de Kyoto, ratificados por Bolivia, en los que se hace referencia al uso de los bonos de carbono como una medida para combatir el cambio climático.
La pasada semana, la Vicepresidencia de Bolivia presentó una solicitud de «aclaración, complementación y enmienda» de dicha sentencia del Tribunal Constitucional, al considerar que no tomó en cuenta sus argumentos.
La Vicepresidencia también reafirmó su postura de «defensa de la Madre Tierra y la no mercantilización de sus funciones ambientales».
Por ello, la Defensoría del Pueblo exhortó este lunes al Tribunal Constitucional a «aclarar» la observación de la Vicepresidencia ya que de lo contrario la sentencia dejaría en «indefensión absoluta» a esa entidad, puesto que sus argumentos no fueron valorados en el dictamen.
Asimismo, advirtió que la sentencia constitucional «no contempló todo el marco normativo y contextual pertinente» puesto que Bolivia impulsa un mecanismo alternativo a los mercados de carbono en el marco de los acuerdos internacionales.
Los mercados de carbono tienen la finalidad de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) alentando a las empresas a que reduzcan sus emisiones, lo que les permitirá ahorrar o vender algunos de sus derechos de emisión, mientras que aquellas que excedan los límites recibirán multas.
Algunos expertos en Bolivia, consideraron que el levantamiento de la prohibición permitirá al país participar de lleno en los mercados de carbono con beneficios para sus empresas, comunidades indígenas y al Estado para impulsar proyectos de preservación forestal.
Sin embargo, la posición del Gobierno de Bolivia es permanecer al margen de los mercados de carbono al considerarlos como una forma de mercantilización de las funciones ambientales de la Madre Tierra.