Además de los dispositivos celulares también está en la lista un iPad “que ha ofrecido como prueba el general Zúñiga con relación a los hechos del 26 de junio pasado”, señaló Ricardo Rodríguez, abogado del activista Fernando Hamdan, uno de los procesados
Un juzgado de la ciudad de La Paz ha autorizado la incautación y pesquisas de más de 40 teléfonos celulares que pertenecen a los procesados por el caso de la toma militar de la plaza Murillo, centro del poder político de Bolivia, ocurrida el pasado 26 de junio.
La información fue proporcionada por Ricardo Rodríguez, abogado del activista y presidente de la Comisión Iberoamericana de Derechos Humanos para el Desarrollo de las Américas (Cidhpda), Fernando Hamdan.
“El juez Quinto de Instrucción en lo Penal, Anticorrupción y Violencia Contra la Mujer, ha atendido la petición del Ministerio Público en la que solicitan la incautación de aproximadamente 40 dispositivos celulares que se han secuestrado inicialmente de todos los que están siendo procesados, de todos los imputados”, señaló.
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Explicó que además de los dispositivos celulares también está en la lista un iPad “que ha ofrecido como prueba el general Zúñiga con relación a los hechos del 26 de junio pasado”.
El exgeneral Juan José Zúñiga es sindicado de liderar el movimiento irregular del 26 de junio. Por este caso son procesados otros exjefes y oficiales militares y expersonal civil, además de personas particulares.
El objetivo es que “el Ministerio Público pueda realizar el acto investigativo de desdoblamiento de la información de estos dispositivos.
“Todos han sido autorizados en cuanto a su incautación. Y bueno, el Ministerio Público ahora va a proceder seguramente con el IITCUP (Instituto de Investigación Técnico Científico de la Universidad Policial) y con el IDIF ( Institutos de Investigación Forense) a realizar las pericias correspondientes con estos dispositivos celulares”, explicó el jurista.
En julio pasado, el ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, explicó que los agentes secuestraron “más de 75 teléfonos celulares”.
“La gran mayoría de estas personas no han borrado sus conversaciones, las imágenes y la información que se encuentra al interior”, indicó.
El abogado explicó “rige un principio de celeridad, más que todo porque es un hecho de connotación social y lógicamente el Ministerio Público tiene toda la obligación de realizar estas pericias, de ofrecer los puntos de pericia correspondientes a estos dispositivos y hacer conocer a las partes de manera inmediata”.
Una comisión de cinco fiscales indaga el caso, quienes presentaron los aparatos en la audiencia que se desarrolló este jueves.
Según el abogado, “se ha proporcionado estos dispositivos no solamente a petición del Ministerio Público sino que de manera voluntaria el general Zúñiga y otros imputados militares de inteligencia también han ofrecido para que sean puestos a disposición y se realice la investigación correspondiente”.