Tribunal fija para el 2 de septiembre el inicio del juicio oral por la masacre de Senkata

La principal acusada por los hechos ocurridos en noviembre de 2019 en El Alto es la expresidenta Jeanine Añez, quien reclama un juicio de responsabilidades en su condición de exmandataria.

Un operativo militar y policial para desbloquear la planta de Senkata, en noviembre de 2019, terminó con la muerte de 10 personas. / Foto: Archivo

 

eju.tv
Juan Carlos Véliz / La Paz



El Tribunal Cuarto de Sentencia en lo Penal de la ciudad de El Alto fijó el inicio del juicio oral por la llamada «masacre de Senkata» para el 2 de septiembre, según un comunicado de la Procuraduría General del Estado.

«Las acusaciones fiscal y particulares por el delito de lesa humanidad de genocidio y otros conexos que terminó con la vida de civiles bolivianos y bolivianas, involucran a Jeanine Añez Chávez, exministros y exmando militar y policial del gobierno de facto», señala el comunicado de dicha institución.

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Los hechos referidos ocurrieron el 19 de noviembre de 2019. Un operativo militar y policial para desbloquear la planta de Senkata, en El Alto, terminó con la muerte de 10 personas y cerca de un centenar de heridos.

Los eventos ocurrieron en medio de la crisis política que derivó en la renuncia del entonces presidente Evo Morales, su posterior salida a México y el ascenso a la presidencia de Jeanine Añez.

Según la Procuraduría se trata de un «proceso sin precedentes que procura memoria, verdad y justicia para las múltiples víctimas de las graves violaciones de derechos humanos producidas en el último trimestre de 2019 y que a decir del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes debe calificarse como una masacre».

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Añez, la expresidenta, está detenida en la cárcel de Miraflores con una sentencia por el llamado «golpe de Estado» en contra del expresidente Morales y ahora deberá afrontar otro juicio oral en el ámbito penal; sin embargo, ella y su defensa desconocieron esta instancia judicial.

El argumento es que ella fue presidenta de Bolivia y según la normativa interna requiere de un juicio de responsabilidades que debe ser aprobada por la Asamblea Legislativa Plurinacional y administrado por el Tribunal Supremo de Justicia.