El presidente Luis Arce recordó que la Asamblea Legislativa debe analizar y aprobar un proyecto de ley que busca incluir el tipo penal de incendio forestal en la normativa legal.
Tierras quemadas en incendio. Imagen: APG
El Gobierno envió a la Asamblea Legislativa un proyecto de ley para que el artículo 3 del Decreto Supremo 5225, que restringe la distribución de tierras incendiadas por cinco años, sea elevado a rango de ley con una ampliación de hasta 10 años.
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Dicho decreto, que data del 11 de septiembre, dispuso la pausa ambiental debido a la intensidad de los incendios en varias regiones del país.
“Con todo lo que está pasando, nosotros estamos enviando una ley para que este artículo que está en nuestro decreto de pausa ecológica (ambiental), pueda elevarse a rango de ley, y aumentar los años en que no se va a poder distribuir tierra incendiada de cinco a 10 años, (para) de esa manera desincentivar a quienes todavía están incendiando”, dijo el presidente Luis arce en conferencia de prensa en Santa Cruz.
Luis Arce
Asimismo, el jefe de Estado reprochó a los “pirómanos” que siguen causando incendios en varias regiones del país. Sobre ellos dijo que “hacen un trabajo muy al contrario de lo que está haciendo el pueblo boliviano, el Gobierno nacional, las gobernaciones, municipios, las Fuerzas Armadas y la Policía Boliviana encarando este problema”.
En la misma conferencia, y luego de una reunión con autoridades subnacionales, el Gobierno declaró desastre nacional por incendios.
Pero, además, el mandatario recordó que se envió a la Asamblea Legislativa un proyecto de ley para “endurecer” las penas contra aquellas personas que provoquen incendios e incluso, abrir el tipo penal de incendio forestal, para que las o los autores sean procesados.
Asimismo, criticó que esa propuesta de norma sea parte de los proyectos de ley pendientes de debate y aprobación en la Asamblea Legislativa.
Incluso, mencionó dos proyectos de ley por un monto de $us 325 millones cuyos recursos están destinados a la lucha contra incendios. El primer crédito es de $us 75 millones, proveniente de la Corporación Andina de Fomento (CAF), y el otro, de $us 250 millones, del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).