Tras el atraco armado en el municipio de Apolo del departamento de La Paz, los diputados evistas del Movimiento Al Socialismo (MAS) Gladys Quispe y Renán Cabezas cuestionaron al Gobierno por emplear policías para custodiar sedes sindicales y de derechos humanos, en lugar de proteger a la ciudadanía enviando más efectivos a lugares donde se están incrementando los niveles de inseguridad.
Quispe, diputada de la región de los Yungas de La Paz, lamentó la falta de presencia del Estado en el municipio de Apolo y concluyó que por eso los delincuentes andan como «Pedro por su casa».
“Miren, en los Yungas, en el norte de La Paz, apenas tenemos a dos o tres policías designados para guardar la seguridad de toda una población. Eso realmente es mínimo, incluso aquí en la ciudad (de La Paz). ¿Dónde está el resto de los policías? El Estado no les paga para estar acuartelados, para reprimir a las organizaciones sociales y golpear a nuestras mujeres”, cuestionó Quispe.
Un grupo de delincuentes armados atracó una tienda en el municipio de Apolo ayer en la noche y asesinó al dueño del negocio. Los pobladores capturaron a los presuntos delincuentes sometiéndolos al cepo en la plaza principal.
El diputado paceño Alejandro Reyes argumentó que el incremento de atracos, incluso a mano armada, es producto de la crisis económica en la que está sumida el país a causa de la mala administración económica del MAS.
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Quispe pidió al Ministerio de Gobierno dejar de mandar más efectivos policiales a custodiar las sedes sindicales de interés del Gobierno y mejor ponerlos a trabajar para fortalecer la seguridad ciudadana.
Durante el gobierno de Luis Arce, la Policía custodió por semanas enteras diferentes sedes sociales por intereses políticos. Por ejemplo, la sede del mercado ilegal de Adepcoca, liderado por el dirigente Arnold Alanes en Villa El Carmen.
También ocurrió lo mismo con la sede de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB), que actualmente continúa con policías. No se salvó la sede de la Federación de Campesinos Tupac Katari, porque existen disputas entre dos dirigencias por ese establecimiento.
El diputado Cabezas concluyó que el ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, que tiene al mando todo el cuerpo policial del país, está abocado a defender intereses políticos y no los de la ciudadanía.
“Yo creo que el ministro ha olvidado su tarea real (…). La policía no está cumpliendo su verdadera labor asignada por la Constitución Política del Estado, no da seguridad al pueblo boliviano. En este momento estamos inseguros y no sabemos qué nos va a pasar”, expresó Cabezas.
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