Un total de 19 personas son acusadas por genocidio por la muerte de 10 personas en noviembre de 2019. El Tribunal de Sentencia Penal Cuarto de El Alto determinó paralizar el proceso.
[Foto archivo ] / Movimiento militar en la zona de Senkata, ciudad de El Alto (2019)
Fuente: Unitel
Tras quedar paralizado el caso Senkata por la decisión de un juez, la Procuraduría General del Estado analiza apelar la decisión con el propósito de continuar con el proceso contra la expresidenta Jeanine Añez, y otras exautoridades por el delito de genocidio.
“Estamos analizando la posibilidad de presentar una apelación incidental o incluso una acción constitucional porque no estamos de acuerdo con la última valoración del tribunal respecto a volver a complementar la acusación”, dijo este jueves, el procurador Cesar Siles.
La autoridad mencionó que también sostendrán una reunión interinstitucional con los organismos involucrados en este caso.
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Si bien el Tribunal Cuarto de Sentencia de la ciudad de El Alto halló observaciones en las acusaciones formuladas, Siles dijo que este proceso no puede quedar paralizado a tiempo de señalar que la Fiscalía y otras instituciones deberán enmendar cuanto antes los reparos jurídicos.
“Debemos señalar que las observaciones van a las acusaciones de la Fiscalía de otras instituciones. En síntesis, el tribunal nos planteó, complementen la acusación, aclárenla y seguimos con el juicio”, explicó.
En caso de llegar a una sentencia contra las 19 personas acusadas, Siles asegura que se tendrá un “precedente histórico” y que van a continuar con las recomendaciones de organismos internaciones.
“Es un caso que va a sentar precedentes históricos. El pueblo está exigiendo justicia por los 10 muertos. Hay varias recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes que exigen una sentencia condenatoria”, dijo.
La noche del miércoles, el presidente del Tribunal de Sentencia Penal Cuarto de El Alto, David Kasa, paralizó temporalmente el denominado ‘Caso Senkata’ al advertir errores en las acusaciones formuladas contra los investigados, entre los que figuran exautoridades y altos mandos militares y policiales.