Según un informe preliminar de un panel de expertos de Naciones Unidas, el CNE “no cumplió con las medidas básicas de transparencia e integridad” e “incumplió” los plazos establecidos
El ministro de Relaciones Exteriores de Panamá, Javier Martínez-Acha Vásquez, se encargó de leer la declaración en la ONU (EFE/ Bienvenido Velasco/ Archivo)
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(Con información de AFP)
Fuente: infobae.com
Cerca de medio centenar de países, entre ellos Estados Unidos y miembros de la Unión Europea, pidieron este jueves en la ONU a las autoridades del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela que publiquen “inmediatamente” los resultados de las elecciones y permitan la “verificación imparcial” de los mismos.
“Instamos al Consejo Nacional Electoral (CNE) a que publique inmediatamente los resultados de la votación de la elección presidencial de todos los colegios electorales y permitan la verificación imparcial de los resultados por observadores independientes en aras de la credibilidad, la legitimidad y la transparencia del proceso electoral”, pidieron en una declaración leída por el representante de Panamá.
La declaración está secundada por países como Australia, Argentina, Canadá, Chile, Bulgaria, Ecuador, España, Francia, Japón, Italia, Marruecos, Paraguay, Portugal, Uruguay, Estados Unidos, el Reino Unido y la Unión Europea, entre otros.
Sin haber publicado todavía las actas de votación de los comicios presidenciales celebrados el 28 de julio, las autoridades electorales venezolanas atribuyeron la victoria a Nicolás Maduro, pese a que la oposición asegura que su candidato Edmundo González Urrutia, actualmente exiliado en España, fue el vencedor con más del 60% de los votos.
Según un informe preliminar de un panel de expertos de la ONU, divulgado el pasado 13 de agosto, el CNE “no cumplió con las medidas básicas de transparencia e integridad” e “incumplió” los plazos establecidos.
“Es hora de que los venezolanos lleven a cabo negociaciones constructivas e inclusivas para resolver este impás electoral y restaurar, pacíficamente, las normas democráticas (…) y los deseos de los venezolanos”, reza la declaración.
Asimismo, manifiestan su “gran preocupación” por los abusos y violaciones de los derechos humanos, como asesinatos, detenciones arbitrarias, tácticas intimidatorias y la falta de garantías para un juicio justo para los opositores.
Venezolanos se concentraron frente al Congreso español en Madrid para reivindicar a Edmundo González Urrutia como presidente electo de Venezuela el pasado 10 de septiembre (Foto: EuropaPress)
Sanciones de EEUU
Por otra parte, Estados Unidos sumó este jueves a su larga lista de sancionados en Venezuela a 16 funcionarios, incluida la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, por el “fraude electoral” del 28 de julio, medida que fue rechazada en los “términos más enérgicos” por el régimen de Nicolás Maduro.
El gobierno del presidente Joe Biden interviene en respuesta al “fraude electoral” para que Maduro y sus representantes rindan cuentas “por obstruir” las elecciones presidenciales y “abusar de los derechos humanos”, informó el jefe de la diplomacia Antony Blinken.
“En lugar de respetar la voluntad del pueblo (…) se han atribuido falsamente la victoria mientras reprimían e intimidaban a la oposición democrática en un intento ilegítimo de aferrarse al poder por la fuerza”, afirmó en un comunicado.
Estados Unidos precisó que van más de 140 personas sancionadas en Venezuela y más de 100 entidades.
Entre los sancionados figuran directivos de la autoridad electoral como Rosalba Gil; la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Caryslia Beatriz; y Edward Briceño, el fiscal que emitió la orden de captura contra el principal rival de Maduro en las elecciones Edmundo González Urrutia. También destacan Domingo Antonio Hernández Lárez, el número tres de la fuerza armada, responsable de las operaciones militares, y Pedro José Infante Aparicio, primer vicepresidente de la Asamblea Nacional.
Los 16 funcionarios “impidieron un proceso electoral transparente y la publicación de resultados electorales precisos”, sostiene el gobierno de Biden, que reclama desde el 28 de julio el detalle de las actas.
Las medidas implican la congelación de los activos que los sancionados posean directa o indirectamente en Estados Unidos, así como la prohibición de que cualquier persona o empresa estadounidense haga negocios con ellos.