La denominada “Marcha para salvar Bolivia” que partió de Caracollo el pasado 17 de septiembre liderada por el expresidente Evo Morales, el Estado Mayor del Pueblo y el Pacto de Unidad evista pasó la noche en el poblado de Achica Arriba, localidad del municipio paceño de Viacha.
Tras este descanso, la marcha vaticina llegar a su fin hoy lunes, 23 de septiembre, con su ingreso a la ciudad de La Paz, donde los militantes del ala evista prevén exponer un pliego petitorio de 16 puntos al Gobierno de Luis Arce. Un día crucial, sin lugar a dudas.
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Entretanto, a un día de ingresar a La Paz y con la mirada puesta en el evismo y su marcha, ayer la Policía desplegó contundentes medidas de seguridad en las cuatro esquinas de Kilómetro Cero del centro paceño, donde instaló barricadas y evitó el tránsito vehicular y peatonal. En la misma línea, el acceso a las instalaciones de la COB fue protegido con puertas metálicas.
Por su parte y con el fin de resguardar la integridad física y emocional de los estudiantes, maestros y personal administrativo, la Dirección Departamental de Educación (DDE) de La Paz instruyó a las direcciones distritales asumir “medidas de contingencia y acciones administrativas inmediatas”.
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VIOLENCIA
En medio de este panorama, ayer domingo por la tarde la violencia campeó en el Cruce Ventilla, la puerta de ingreso a la ciudad de El Alto.
Allí, el grupo afín a Luis Arce integrado por funcionarios y militantes que se concentró desde tempranas horas para evitar el paso de la marcha evista, se enfrentó con grupos afines a Evo Morales a punta de piedras y petardos.
Ante este escenario de violencia, la Policía se vio obligada a usar agentes químicos para dispersar a los movilizados.
De acuerdo al ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, el sector evista atacó un cabildo arcista que tenía lugar en Ventilla.
Más tarde, la ministra de Salud, María Renée Castro, dio cuenta de ocho heridos, producto de los enfrentamientos en Ventilla. Antes, Del Castillo reportó tres.
PEDIDO DEL DEFENSOR
Ante este escenario de conflictividad, el defensor del Pueblo, Pedro Calizaya, pidió al Gobierno “desmovilizar a los funcionarios públicos” y generar un espacio de seguridad para evitar que se vulneren los derechos a la vida e integridad.
También exhortó a la comunidad internacional a “intervenir” para generar que el Gobierno proteja los derechos de la población boliviana. En la misma línea, invocó la participación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que tutele la solicitud.