El reconocimiento del agua como un derecho humano, impulsado por Bolivia en las Naciones Unidas en 2010, ha generado un movimiento global para incorporar este derecho en las constituciones nacionales.
Si bien se han establecido objetivos internacionales como la Agenda 2030, el Marco de Sendai y el Acuerdo de París, entre otros para asegurar el acceso al agua y su gestión sostenible, la realidad en Bolivia muestra una brecha todavía grande, entre los esfuerzos realizados en la planificación y la práctica.
A pesar de las iniciativas nacionales para alcanzar la cobertura universal al agua potable para el 2025, donde la explotación de fuentes de agua en pozos, vertientes, ríos, lagos y lagunas, (muchas veces descuidando su calidad y la gestión sostenible) ha sido intensiva, y generó un panorama complejo para alcanzar las metas de los objetivos ODS 2030 (ahora 2045).
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El agua, un elemento fundamental para la vida, se encuentra amenazada por la extracción aluvial de minerales, la industria del litio a través de salmueras, la expansión de la frontera agrícola y la contaminación por aguas grises y negras sin tratamiento (se estima que solo el 27% de las aguas residuales son tratadas).
Los incendios están atentando contra los ríos voladores, cuyas corrientes de vapor de agua de la selva amazónica, transportan humedad y generan precipitaciones hacia diversas regiones, están afectando severamente el equilibrio hídrico de la Amazonía y sus áreas circundantes.
El riego, que consume el 94% de la extracción de agua en Bolivia, se realiza mayoritariamente por métodos tradicionales o por inundación, con poca implementación de riego tecnificado que optimice su uso. La falta de una Autoridad del Agua ha generado la ausencia de un sistema de costos para el agua, con servicios de riego gratuitos que fomentan el derroche y benefician a los grandes consumidores.
¿Y los derechos del agua?
El elemento agua, compuesta de dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno, en su origen (líquido, gaseoso o sólido), actualmente no cuenta con protección legal para su preservación en cantidad y calidad, esta inexistencia refleja una problemática arraigada en la falta de una legislación que armonice el uso social y el uso con fines de lucro del recurso.
La Ley de Aguas de 1906, descontextualizada y obsoleta, no se ajusta a las necesidades actuales de gestión hídrica, lo que ha impedido la implementación de una política de protección eficaz del recurso. Permitiendo que sectores extractivos (minería, agropecuaria, industrial) lo exploten sin un efectivo control regulatorio y ambiental.
La falta de actualización de la Ley de Aguas y la ausencia de una Autoridad del Agua, junto a la ausencia de iniciativas gubernamentales para generar planificación, políticas y normatividad, dificultan la regulación óptima de la gestión hídrica.
Más de 30 intentos fallidos de legislar sobre el agua en los últimos 30 años, principalmente por presiones políticas y de sectores económicos, reflejan la complejidad del tema.
La necesidad de especialistas formados en derecho y sustentabilidad hídrica, se hace evidente para afrontar los desafíos legales y ambientales relacionados con el agua desde un espacio interdisciplinario, vinculados con el Estado, la sociedad y actores involucrados.
Bolivia requiere de una academia comprometida con todas las dimensiones de la seguridad hídrica y su interrelación con otras disciplinas, capaz de generar políticas y estrategias basadas en un profundo conocimiento del derecho y la gestión del agua. Que promueva una visión de futuro, que contemple escenarios de escasez a corto y mediano plazo, es fundamental para garantizar la sostenibilidad del recurso hídrico y el bienestar de la población.
La despolitización del sector de agua y saneamiento, donde sectores privilegiados y con limitado juicio controlan las instituciones clave, es crucial para lograr una gestión hídrica eficiente y equitativa.
La construcción de un futuro sostenible depende de la capacidad de los bolivianos y sus instituciones para superar los desafíos políticos, económicos y sociales que impiden una gestión hídrica integral y responsable.
Luis Sivila Alurralde