Por el contrario, César Siles asegura que se iniciaron procesos penales y administrativos a todas personas que fueron identificadas como responsables de esos incidentes
eju.tv / Video: Bolivia TV
Boris Bueno Camacho/ La Paz
El procurador general del Estado, César Siles, negó este jueves un supuesto acuerdo con empresarios ganaderos de Santa Cruz y Beni para suspender la investigación sobre la quema y chaqueo ilegal de millones de hectáreas en 2023 que tuvieron una grave afectación al medio ambiente y a los ecosistemas de los lugares damnificados; más al contrario, aseguró que continúa en curso y ejecución hasta identificar a los responsables del daño y sancionarlos como mandan las normas vigentes.
Una nota de una agencia de noticias publicada el pasado martes daba cuenta que la Procuraduría General del Estado (PGE) y empresarios ganaderos de Beni y Santa Cruz acordaron paralizar un dictamen de esa institución estatal que ordenó investigar a los propietarios de tierras en las que supuestamente se originaron los incendios en la gestión 2023 que provocaron la destrucción de más de dos millones de hectáreas y que se enfrentaban a una reversión de esos terrenos, así como a procesos penales y administrativos.
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“Una nota en la que supuestamente el suscrito procurador general del Estado había llegado a un acuerdo con una asociación de empresarios agropecuarios en sentido de paralizar investigaciones o inicios de procesos, u otras acciones referentes a los incendios provocados por quemas ilegales y chaqueos no autorizados; no es así, hay un trabajo que marca una diferencia con anteriores gestiones, un trabajo dedicado a la defensa de la Madre Tierra y que está dando resultados”, aseveró.
Foto: captura pantalla
En ese sentido, informó que la dirección jurídica de Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierras (ABT) inició 74 procesos penales y más de 270 procesos administrativos por quemas e incendios, siete de ellos en Beni y 67 en Santa Cruz, de estos ya hay cuatro personas condenadas en la presente gestión, acciones que son acompañadas por la PGE en el marco de sus competencias para ejercer el control respectivo como institución de defensa de los intereses del Estado.
“En otros casos intervenimos juntamente con la ABT y las otras instituciones competentes exigimos condena; pero si no estamos interviniendo, estamos supervisando, tenemos la función constitucional de supervisar el trabajo de las unidades jurídicas y estamos iniciando un proceso de supervisión a estos casos que va a implicar instar a la fiscalía a cumplir sus funciones, iniciar procesos contra jueces, instar también que se cumplan los plazos procesales y se lleguen a resultados tangibles”, afirmó.
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Es así que la institución de defensa del Estado intervendrá de forma directa en ocho casos, siete en Santa Cruz y uno en Beni, algunos de ellos están investigación, otros en etapa preliminar, otros en fase preparatoria; lo más importante es que se identificaron a los responsables de la grave afectación al medio ambiente que compromete a áreas protegidas y hay irregularidades identificadas en el procedimiento por parte de fiscales y jueces a cargo.