Varios funcionarios de Derechos Reales declararon por denuncia del levantamiento de gravámenes a inmuebles de la capital y la ciudad de Monterio, causando graves daños económicos a entidades financieras y ciudadanos en general
Fuente: eldeber.com.bo
Tras los allanamientos practicados a las oficinas centrales de Derechos Reales en el Palacio de Justicia de Santa Cruz y en la ciudad de Montero, varios funcionarios de ventanillas fueron convocados a prestar declaraciones dentro de investigaciones iniciadas por delito de manipulación informática de datos de propiedades tras informes y denuncias del levantamiento de gravámenes.
Las órdenes de allanamientos emitidas por el juez de control jurisdiccional Álvaro Gutiérrez fueron cumplidas por policías del Departamento Especializado de Lucha Contra la corrupción y la Fiscalía dirigida por el fiscal Brayan Cuéllar.
Los allanamientos se ejecutan como consecuencia de la denuncia presentada por el Consejo de la Magistratura a través de su unidad de Control y Fiscalización que dispuso acciones inmediatas en las oficinas centrales de Derechos Reales en nuestra capital y en Montero.
La denuncia del Consejo de la Magistratura tiene su base en informe elaborado por la Unidad Nacional de Servicios Informáticos y Electrónicos del Consejo de la Magistratura, que tras un trabajo de verificación del sistema de datos se hizo conocer irregularidades en torno al levantamientos de gravámenes de inmuebles, la vigencia de matrículas anuladas con diferentes datos de dominio, modificaciones de registros y otros sin contar con el respaldo documentado de trámites legales en oficinas de Derechos Reales.
El informe completo estableció que se venía incurriendo en una manipulación del sistema informático. Además, consideró la existencia de denuncias de un banco importante sobre levantamiento irregular de registros de gravámenes, que tenía como acreedor producto de operaciones de crédito, sobre bienes inmuebles y que derivaron en venta de algunas de estas garantías como alodiales.
La denuncia formulada por el Consejo de la Magistratura fue considerada de grave.” La situación es grave, porque se está generando inseguridad jurídica en la población, intereses del sistema financiero y vulnerando derechos y otros”, señala la denuncia.
La Fiscalía anticorrupción y al Felcc, durante los allanamientos secuestraron gran número de documentación, de CPU y otros considerados como prueba.
En las primeras investigaciones la Fiscalía y la Felcc ven que el levantamiento de gravámenes pudo reportar jugosas ganancias económicas a funcionarios y causar daño a entidades bancarias y ciudadanos.
Una auditoria informática
El director nacional de la Unidad de Control y Fiscalización del Consejo de la Magistratura, José Linares, aseguró que se solicitará la realización de una auditoría informática en Derechos Reales para el esclarecimiento total de los hechos. Aseguró que la Fiscalía recibió todos los informes y la denuncia del Consejo de la Magistratura y se respeta el trabajo que viene realizando en busca de la transparencia y la seguridad de los litigantes.
Las declaraciones de los funcionarios seguirán adelante y se conoció que la Fiscalía anticorrupción tiene previsto emitir citaciones a más personas para que presten sus declaraciones.
Hasta el momento se desconoce las pérdidas en dinero afectado por el levantamiento de gravámenes de cientos de inmuebles de nuestra capital y de Montero.