Este martes, comunarios del cantón Chiquiacá fueron notificados por la Fiscalía con una demanda por “atentados contra la libertad de trabajo” e “impedir o estorbar el ejercicio de funciones”, presentado por Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) en contra de 20 comunarios que se oponen al ingreso de la petrolera a la Reserva Nacional de Flora y Fauna Tariquía.
Fuente: Prensa Unitas
“YPFB nos está demandando a nosotros, no sabemos qué hacer. Ellos no obedecen lo que las comunidades acordamos. No somos 20 comunarios que estamos obstruyendo, somos todo el cantón en sí. Nos han dicho que con permiso o sin permiso van a entrar, ese es el discurso que tienen”, dio a conocer Nelly Coca, dirigente del cantón Chiquiacá, al Observatorio de Defensores de Derechos de Unitas.
Informó, además, que la notificación no fue realizada a los 20 comunarios, más al contrario, los notificadores hicieron llegar el documento a algunos comunarios que “encontraron en el camino, incluso hasta los nombres no son nuestros, les ponen otros nombres y otros apellidos”.
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Según el requerimiento fiscal al que accedió el Observatorio de Unitas, el denunciante es Marcos Carlos Navarro Morales, representante legal de YPFB, quien denunció a los 20 comunarios luego de que en fecha 1 y 2 de octubre de 2024, éstos impidieron que trabajadores de YPFB y Petrobras ingresen al cantón de Chiquiacá, con dirección al proyecto exploratorio Domo Oso X3.
“Pese a que se les explicó que se contaba con las autorizaciones respectivas para realizar los trabajos, dicho grupo de personas no entendieron razón alguna y no dejaron pasar al personal, hecho que fue constatado por parte de la Policía Boliviana de Entre Ríos que se encontraba en el lugar, por lo que con el fin de no sufrir ningún tipo de agresiones por parte de dicho grupo de personas, el personal de YPFB y de Petrobras Bolivia SA procedió a retirarse perjudicándose enormemente la logística y actividades diarias que realiza YPFB, por lo tanto dichas personas inescrupulosas con los mencionados bloqueos están causando un daño económico a YPFB y por ende al Estado”, se lee en la denuncia instaurada por Navarro.