269 urbanizaciones en el limbo por conflicto entre Achocalla y El Alto

 

Un total de 269 urbanizaciones están en el limbo, en medio de los conflictos limítrofes entre los municipios de Achocalla y El Alto. Una medida cautelar emitida por el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) ha determinado que el primero paralice toda acción administrativa en estas zonas mientras un proceso de nulidad interpuesto por el segundo avance.

“Estamos en medio de la pelea. Tenemos papeles al día en Achocalla, pero ahora dicen que pertenecemos a El Alto. Hemos quedado flotando”, afirma don Alberto Q., vecino de una de las urbanizaciones.

Ante la determinación, comunarios y autoridades de Achocalla llegaron hasta las puertas del TCP para pedir se revoque la medida. Sostienen que si le quitan la competencia al municipio, centenares de familias quedarán sin atención de servicios.

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“Estamos en alerta. El Alto ya está dando por nulo todo movimiento en un territorio que podemos demostrar que pertenece a Achocalla. Estamos asumiendo defensa, pedimos a  los nueve magistrados analizar toda la documentación que enviamos y se revierta la medida cautelar, porque no es una cosa juzgada”, sostiene el alcalde de Achocalla, Manuel Condori.

Desde la urbe alteña, la respuesta es clara. “Específicamente con Achocalla, El Alto tiene límites en dos distritos, el D-8 y el D-10. Achocalla  aprueba planimetrías, empadrona y cobra impuestos a urbanizaciones que están en jurisdicción de El Alto. Porque está ejerciendo competencia en territorio que no es suyo, el municipio presentó un recurso de nulidad”, sostiene el jefe de la Unidad de Límites de la Alcaldía de El Alto, Hico Valeriano Patti.

269 urbanizaciones

El Alto tiene 14 distritos, 10 urbanos y cuatro rurales. Amachuma se encuentra en uno de los últimos, precisamente en el D-10. Aunque las urbanizaciones van creciendo a toda marcha, en su territorio aún prima la actividad agropecuaria.

El D-10 y el D-8 son los distritos alteños que colindan con el D-10 y el D-9 de Achocalla, respectivamente. En las franjas limítrofes de estos distritos se asentaron centenares de urbanizaciones, en una jurisdicción que hoy se disputa entre ambos municipios.

 

Según un proceso presentado por el municipio de El Alto ante el TCP, las planimetrías de 269 urbanizaciones fueron aprobadas por Achocalla, pese a que una demarcación del Instituto Geográfico Militar  (IGM) señala que el territorio es alteño. Documento que, dicho sea de paso, no es tomado como válido por Achocalla.

“Sus técnicos plantean que dentro de ese territorio límite estarían ubicadas las 269 urbanizaciones, de las cuales han solicitado que se suspenda la competencia del Alcalde y del Concejo de Achocalla. Eso es absurdo, no pueden existir 269 dentro de ese espacio”, sostuvo la abogada de Achocalla en el caso, Betzabé Torres Vargas.

“No estoy seguro de la cifra, pero son varias”, sostiene un vendedor de lotes para una nueva urbanización en Parcopata. La situación no es muy ajena en Amachuma.

 

A escasos 15 minutos de caminata desde la Subalcaldía del D-10 de El Alto, en Amachuma, se visualizan cuatro letreros de venta de lotes para distintas urbanizaciones, todas muy cercanas entre sí.

Apenas se ve un anuncio, otro se levanta detrás de él. Todos afirman tener papeles al día, con folio real y minuta, inscritos en la Alcaldía de Achocalla.

Al tener los papeles aprobados en ese municipio también tributan ahí, porque -a decir de los mismos propietarios- los impuestos son menores. Los servicios llegan entremezclados desde ambas alcaldías; en medio del conflicto atienden obras, alumbrado, infraestructura educativa y de salud, etc.

“Hay papeles de Achocalla, pero los vecinos saben y están conscientes que El Alto es el que entrega el desayuno escolar, el que hace el recojo de la basura y el que da los servicios. En la Fejuve (Federación de Juntas Vecinales) de El Alto tenemos 40 de estas urbanizaciones afiliadas, pero son muchas más”, dice a Visión 360 el dirigente vecinal del D-10, Jesús Pedro Apaza.

El origen del problema

“El tema se debe aclarar conforme las normas y en este tema entre El Alto y Achocalla hay cosas que se deben aclarar”, sostiene Valeriano, desde la Unidad de Límites de El Alto.

Este municipio se ubica en el oeste del país, en la meseta altiplánica y tiene una superficie de 387,56 kilómetros cuadrados. Fue creado en el marco de la Ley 628 del 6 de marzo de 1985, como la cuarta sección municipal de la provincia Murillo del departamento de La Paz. Su rango de ciudad le fue dado el 26 de septiembre de 1988 con la Ley 1014.

En el caso de Achocalla, su creación data de 1947, con una ley que ordena la creación de la segunda y tercera sección municipal de la provincia. Sin embargo, pese a ser más antigua, la norma no establece a Achocalla como municipio, sino como un cantón de la tercera sección.

 

A diferencia de El Alto, no cuenta con una ley que la ponga en rango de ciudad ni que le dé una delimitación. Y es que El Alto, al ser la urbe más joven del país, nació con la mayoría de los documentos que otras ciudades y municipios no, como la Ley 2337 de 12 de marzo de 2002 de Delimitación de El Alto, o el decreto supremo anexo a la ley que enlista todas las urbanizaciones y comunidades de esta urbe.

Si bien nació con los papeles necesarios, esto no evitó que hubiera errores y que se generen las disputas limítrofes.

“Es que su ley se hizo sobre planimetría y no en campo, por eso hay el error. No hay un mapa, solo hay una lista de urbanizaciones y comunidades. No hay un informe del Instituto Geográfico Militar (IGM), por lo tanto no está en vigencia. Instamos a la Alcaldesa que el trabajo esté en definir los límites, pero en concordancia, para no afectar a la población. Así definiríamos este problema que se está prolongando ya por 22 años”, sostiene la directora de Límites de Achocalla, Adelaida Vino.

Con un informe dividido en tres tomos y fotografías de los mojones sellados e instalados por el IGM en todo el contorno de El Alto, Valeriano niega que no haya una evaluación de campo. Pero esta se dio después de la ley y difiere con las coordenadas del documento.

Esta demarcación se realizó entre 2004 y 2005, en cumplimiento del artículo 3 de la Ley 2337. Por separado, todos coinciden en que el error se hizo evidente tras esta acción.

Los resultados ya no coincidían con la delimitación de la ley. En algunos puntos se perdía territorio y en otros, como en el caso de los límites con Achocalla, se ganaba. Esa es la diferencia en disputa.

“El IGM cometió errores, por eso tenemos el problema. Se debe hacer un análisis de la documentación del IGM, de la Alcaldía de Achocalla y del municipio de El Alto. Se está analizando, pero ya se puso un proceso judicial innecesario”, afirma el vocero de la Gobernación de La Paz, Jesús Chura.

Dónde está  la solución

“Tenemos dos causas o procesos para resolver este tema de límites”, explica Valeriano. “Una está radicada ante el TCP, en el que se presentó el recurso directo de nulidad y el otro trámite está en la Gobernación, para solicitar la corrección de la Ley 2337, conforme a la demarcación del IGM”.

En cuanto a la delimitación de los límites entre municipios, el artículo 12 de la Ley 339 de Delimitación de Unidades Territoriales señala: “Los órganos ejecutivos de  los  gobiernos autónomos departamentales, a través de sus dependencias técnicas, serán responsables de la delimitación de unidades territoriales en lo que corresponda a límites intradepartamentales”.

 

 

Detalla que entre sus competencias está la atención a los procedimientos de conciliación, la actualización del Sistema de Información de Organización Territorial, la prevención y gestión de conflictos, coordinar con la entidad competente del nivel central, elaborar las propuestas de Proyectos de Ley que correspondan y remitirlas a la entidad competente del nivel central.

Empero, Chura dice que: “como Gobernación no podemos decidir en ese tema. Nuestra competencia únicamente  es llamar a los actores en conflicto para que solucionen  hablando y dialogando. Hemos escuchado que hay procesos judiciales. La autoridad -evidentemente- emitirá una resolución, pero habrá que ver si ambas partes van a estar de acuerdo. Nosotros no podemos decidir quién tiene la razón, solo somos mediadores”.

Sostiene que en más de una ocasión se gestionaron reuniones, incluso en la Jacha Uta (Alcaldía alteña). Afirma que estando presente el Ministro de Autonomías, el director de Límites de la Gobernación, dirigentes de la COR, la Fejuve y otras organizaciones, la alcaldesa de El Alto, Eva Copa, no asistió.

“No nos pueden cargar la responsabilidad. El tema se fue conversando, pero lastimosamente fue creciendo incluso en el área judicial. No había necesidad de andar en estos procesos ante la justicia, se podía arreglar dialogando”, insiste.

Firme, la vocera de la Alcaldía alteña, Beatriz Zegarrundo, sostiene que la ley da las competencias necesarias a la Gobernación para intervenir y solucionar el problema. A su parecer, el problema pasa por falta de voluntad.

 

El recurso ante el TCP al que Chura hace referencia fue presentado en febrero de este año y la admisión ocurrió un mes después. Fue en septiembre que las partes fueron notificadas con el Auto Constitucional 0097/125-RDN, que determina la medida cautelar que ordena a Achocalla suspender toda intervención en las 269 urbanizaciones, mientras no se resuelva la causa.

Es por eso que comunarios y autoridades  de Achocalla llegaron hasta Sucre. Solicitaron una audiencia y pidieron la revisión de toda su documentación.

Ahora, ¿qué hacemos?

Los habitantes de estas zonas en disputa están desconfiados y más ahora que los conflictos han generado tensión entre ambos municipios. La presencia de extraños es notoria y de inmediato alerta a sus habitantes.

Algunos guardan silencio. Otros pusieron las banderas de Achocalla en sus puertas en símbolo de su inclinación.

¿De dónde es? ¿Por qué está preguntando? ¿Quién le ha mandado? cuestionan ante el intento de hablar sobre el tema de los límites y la jurisdicción a la que pertenecen.