12 casos de tortura, extorsión, encarcelamiento ilegal, abuso sexual y hasta el despojo de propiedades muestran lo más negativo de la denominada justicia comunitaria y el control sindical que aplica el Movimiento Al Socialismo (MAS) en el Chapare, del departamento de Cochabamba, sede de las Seis Federaciones de Cocaleros, presidida por Evo Morales.
“A mi hijo (de 13 años) lo han querido ahorcar, recién me ha contado cuando hemos llegado a Cochabamba. Nos han hecho firmar un papel para que paguemos 13 mil bolivianos, pero no teníamos plata. El corregidor (de la comunidad San Francisco) Wilfredo Lazarte Marquina ha entrado y me ha dicho ‘tu esposo no vale la pena, no tiene dónde caerse muerto’; luego me ha tocado mis piernas, mis pechos, me ha querido abusar. Nos han quitado todo, mi casa, mi auto; ahora ya no quiero saber nunca más del Chapare” es parte del testimonio que dio Luisa M., una expobladora del municipio de Villa Tunari, sobre la tortura que sufrió.
Según su relato, expuesto una semana después, los hechos pasaron la noche del 21 de diciembre en la comunidad San Francisco en el Trópico de Cochabamba. En esa fecha, ella fue arrastrada a un calabozo junto a su esposo y su hijo de 13 años, luego de negarse a pagar lo que exigía el corregidor Lazarte. “Ha dicho que era el pueblo del Evo (Morales), ‘nadie puede hacer nada, pueden quejarse donde sea, nadie les va a escuchar’”, aseguró Luisa.
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“No hay un módulo policial, tampoco abogados, pero a cada persona que llega le cobran 10 mil bolivianos. Hacen justicia por mano propia. Tienen carceletas y calabozos donde ellos encierran a la gente. Son del ala evista”, relató una víctima de tortura
La mujer relató que permanecieron encerrados por dos días, durante los cuales fueron golpeados y amenazados para que paguen los 13 mil bolivianos. Al tercer día lograron huir, pero se vieron obligados a esconderse y mendigar por las calles, hasta que les dieron dinero para salir hasta la capital cochabambina.
Luisa aseguró que la noche del 21 de diciembre llamó a la Policía de Villa Tunari, al delegado de la Defensoría del Pueblo y a la Fiscalía, pero nadie atendió su llamado. Durante su ilegal encarcelamiento, aseveró, su esposo fue atado con las manos atrás y colgado de un puntal. Además, se enteró que en el lugar ya se habían cometido similares extorsiones a varias personas; específicamente, supo del caso de una mujer de Santa Cruz, a la que cobraron 8.500 bolivianos, “no sé a dónde va ese dinero”, dijo Luisa.
Visión 360 buscó la contraparte sobre el seguimiento a este caso y denuncias de otros, en la Fiscalía Departamental de Cochabamba, a cargo de Oswaldo Tejerina, y en la delegación regional de la Defensoría del Pueblo, dirigida por Marioly Álvarez, pero desde esas instituciones negaron brindar la información actualizada.
12 casos
Ya en Cochabamba, la pareja y su hijo fueron acogidos e hicieron la denuncia ante la directora de Género del municipio de la capital, Tatiana Herrera, quien, en contacto con Visón 360, explicó que el caso de Luisa y su familia era uno de los 12 casos que llegaron a esas oficinas entre noviembre de 2023 y febrero de 2024.
“La mayoría era en el mismo contexto, les montaban una especie de faltas, delitos dentro de la comunidad; había grupos que les exigían que paguen determinadas multas y cuando las personas se negaban a pagar es cuando se los llevaban a calabozos. Otra víctima, de la cual mostramos las fotografías, estuvo varios días dentro de un calabozo y su marido estuvo desaparecido; lastimosamente esta es una práctica muy común en el Chapare. Solo unos días después de que los denunciamos ante el Ministerio de Gobierno el señor apareció”, explicó Herrera, quien dijo no poder brindar más detalles, debido a la complicada situación de inseguridad de las víctimas, quienes aún tienen familia en esas poblaciones y temen por posibles represalias.
La versión de Herrera se complementa con diversas denuncias sobre este tipo de prácticas de justicia originaria en el Trópico de Cochabamba. En abril de 2021, una familia denunció cómo la Central Campesina de Eterazama expropió su hogar por determinación de una asamblea de la comunidad.
“La persona que estaba antes que yo fue torturada a tal grado que le han reventado todo el cuerpo con chicote, lo han enmanillado a la reja y ha sido torturado totalmente. No sé dónde está hasta el momento, ha desaparecido”, señaló una de las víctimas de tortura.
En un video publicado en sus redes sociales, una de las víctimas mostró cómo los integrantes de su familia y algunas de sus pertenencias fueron arrojadas sobre la carretera.
Según la resolución de esa central campesina, el 50% de la propiedad en litigio sería administrada luego por el Comité Cívico del lugar.
Entre noviembre de 2023 y febrero de 2024, se registraron otros dos casos de tortura y encierro en calabozos clandestinos, contra jóvenes que eran parte de las juventudes del MAS, quienes fueron acusados por supuestas infracciones a su organización y otro por un robo. Estos relataron que sufrieron torturas, vejaciones y extorsiones similares a las que denunció Luisa.
A los actos de tortura y extorsión registrados en estos últimos meses, explicó la directora, también se suman casos de despojo de propiedades o avasallamientos, los cuales son promovidos o quedan impunes debido al apoyo de las mismas comunidades y sus autoridades originarias, las cuales se rigen de acuerdo con instructivas emanadas en asambleas o congresos en los que pesa la postura política del MAS.
Herrera afirmó que, según el relato de las víctimas, los propietarios reales tenían plantaciones de plátano, piña y cacao, pero luego de ser sancionados por supuestas faltas a sus comunidades, debían ceder parte de sus terrenos para el cultivo de coca. En su mayoría, según los datos de la Dirección de Género, los casos de encarcelamiento ilegal, tortura y avasallamiento se dieron en Villa 14 de Septiembre y Villa Tunari.
Postura sindical
“No se les ha torturado, sí se les ha retenido, disciplinado. Les han elegido cinco autoridades antiguas y le han dado a un chicote (látigo), eso dice en la justicia comunitaria”, aseguró el dirigente Plácido Chávez, de la Central 2 de Agosto “B”, en relación con la denuncia de Luisa y su pareja.
La declaración la hizo un día después de que las víctimas relataron lo sucedido a los medios de comunicación en Cochabamba, exhibiendo las heridas y moretones que aún tenían en diferentes partes del cuerpo, casi una semana después de las agresiones.
“No se les ha torturado, sí se les ha retenido, disciplinado. Les han elegido cinco autoridades antiguas y les han dado a un chicote (latigazo), eso dice en la justicia comunitaria. La señora ha pedido que se sancione con 10 mil bolivianos”, señaló el dirigente Plácido Chávez.
Visión 360 solicitó la contraparte para esta nota a los senadores Leonardo Loza y Andrónico Rodríguez, ambos representantes del Chapare, pero ninguno atendió a las consultas. Asimismo, se llamó varias veces al dirigente David Veizaga, del Trópico de Cochabamba, pero este no atendió a las llamadas.
El único representante que atendió el llamado fue Aquilardo Caricari, dirigente de la Federación de Chimoré, quien aseveró que el caso de la pareja se trató de una falsa denuncia y que el tema ya fue aclarado. Sin embargo, dijo desconocer los detalles de los otros 11 casos y pidió que estas consultas se dirijan a los representantes de esa zona.
Según la explicación de Luisa y su pareja, en noviembre de 2023 tuvieron una discusión y decidieron acudir a las autoridades de su comunidad para acordar los términos de una separación. Sin embargo, días después la pareja resolvió sus diferencias, pero no lo comunicaron al corregidor Lazarte y su directiva.
Cuando estos tomaron conocimiento, según Luisa, determinaron que la pareja debía pagar 17 mil bolivianos, por el perjuicio. Las víctimas se negaron y denunciaron el hostigamiento y el intento de extorsión.
“Me han dicho que tengo que pagar 13 mil bolivianos, nos han torturado en el calabozo. Ese 21 de diciembre hemos llamado al comandante, a los policías (de Villa Tunari), al Defensor del Pueblo, a nadie le ha importado si moríamos”, señaló una delas víctimas.
La denuncia fue desestimada dos veces por la Fiscalía de Villa Tunari, pero la tercera vez fue admitida y se notificó a los dirigentes denunciados. Aparentemente, este fue el hecho que motivó a que el 21 de diciembre de 2023 se diera el ataque contra su familia, destrozos y desalojo de su casa, además de la retención de su vehículo.
En contraparte, Chávez negó esa versión, aseguró que el dinero fue impuesto como multa a pedido de la misma Luisa y que ella firmó el compromiso de forma voluntaria.
También, en conferencia de prensa presentaron a las exparejas de Luisa y Mario G.M. Uno de ellos afirmó que Luisa lo había echado de la casa en disputa, la que supuestamente fue construida por ambos.
Por su lado, la expareja de Mario afirmó que el vehículo fue adquirido con sus aportes y que ahora estaba bajo su custodia, por una deuda. Los dirigentes afirmaron que no se había despojado de esas propiedades a la pareja y que el domicilio no fue destruido, como se había denunciado.
Además, acusaron a Luisa de romper los seguros de la oficina de esa central y luego de allanar el lugar llevarse un libro de actas con dinero.
Justicia lenta
Herrera reiteró que las acciones de la Defensoría del Pueblo y de la Fiscalía son ineficaces, que no atendieron sus pedidos de cooperación para restituir los derechos de las víctimas. Mencionó que, en dos de los casos, la retardación de justicia obligó a que los afectados desistieran de la denuncia penal y una de las familias estuvo bajo su cuidado seis meses, debido a que no contaba con un hogar.
“Lo recalco, esta impunidad tiene que ver con el ejercicio ilegal del poder que ejerce el señor Evo Morales en el Trópico de Cochabamba, quien influye en comportamientos de las comunidades, como cuando le entregan menores de edad para que él las seleccione, el caso de familias que se oponen a ceder sus terrenos o pagar cuotas o multas exageradas. En definitiva, el Chapare es tierra de nadie, sin presencia de las autoridades del Estado”, cuestionó Herrera.
“Yo he sufrido tortura por parte de las ‘juventudes’ del kilómetro 11. A tal grado que no podía ni sentarme al día siguiente, ni echarme porque me han golpeado toda la pierna de atrás, las dos piernas, con un garrote para arrear caballo”, detalló otra víctima de torturas, quien aseguró que el corregidor del lugar, puesto por el MAS, pretendía extorsionarlo con 30 mil bolivianos.
En enero de este año, el hombre debió dejar a su familia y huir a la ciudad. Comentó que él fue parte de las juventudes del MAS en el Chapare, pero que luego los dirigentes comenzaron a exigirle dinero.
“En primera instancia me dijo la señora que en las Seis Federaciones habían determinado que aquella persona que sea sorprendida o tenga algo que no les convenza a ellos, iban a meterle de ‘sullu’ al río”, aseguró el hombre.
“Esta impunidad tiene que ver con el ejercicio de poder que ejerce el señor Evo Morales en el Trópico de Cochabamba, quien influye en comportamientos de las comunidades. (…) Existen calabozos manejados por sindicalistas del MAS”, señaló la directora municipal de Género, Tatiana Herrera.
4 apuntes sobre los casos de tortura en el Trópico
- Denunciado. En dos de los casos de tortura, el principal sindicado fue el corregidor de Villa Tunari, Wilfredo Lazarte Marquina.
- Impunidad. Los denunciados declararon ante la Fiscalía por vía virtual, están libres; pero las víctimas siguen sin poder regresar a sus hogares.
- Masistas. Dos jóvenes, víctimas de extorsión y tortura en calabozos, afirmaron que eran parte de las juventudes del MAS en el Chapare.
- Ineficientes. Para la Dirección de Género de Cochabamba, las acciones de los funcionarios de la Defensoría del Pueblo son ineficientes.