Choquehuanca pide al TCP revisar «urgente» los fallos de las elecciones judiciales y exhorta al Órgano Electoral a continuar con el proceso

Afiman que se espera que las decisiones que se asuman en el TCP, se ajusten plenamente a la Constitución Política del Estado, respetando el marco normativo vigente.


eju.tv
Lidia Mamani / La Paz




El presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), David Choquehuanca, expresó este jueves su “profunda preocupación” por las recientes decisiones de las salas constitucionales de Pando y Beni, quienes, a través de dos acciones de Amparo Constitucional, emitieron fallos que, según la ALP, van más allá de las atribuciones y funciones establecidas por el ordenamiento constitucional y legal. 

“Las decisiones de las salas afectan a terceros que no fueron citados en dichas acciones de defensa, lo que, según el comunicado, compromete el debido proceso”, señala un comunicado del órgano legislativo.

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Además, la presidencia de la ALP cuestionó que estas salas se atribuyan funciones de control normativo que no les competen, al haber dispuesto la «inaplicación del artículo 37, parágrafo II de la Ley No 1549», una disposición que rige las elecciones judiciales.

Frente a esta situación, la Presidencia ALP informó que ha realizado las representaciones correspondientes ante la Sala Constitucional de Pando y ha solicitado al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) que revise de manera urgente los fallos emitidos. Se espera que las decisiones que se asuman se ajusten plenamente a la Constitución Política del Estado, respetando el marco normativo vigente.

Asimismo, recordó que los fallos o sentencias no pueden ser aplicados de manera retroactiva y mucho menos desconocer el principio de preclusión de las etapas de preselección y elección que comprende la convocatoria para elegir autoridades del Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional Plurinacional, conforme lo establece la Ley 1549, Ley Transitoria para las Elecciones Judiciales 2024.

De forma paralela, también se exhorta al Tribunal Supremo Electoral a proseguir con el proceso de elección de autoridades judiciales en curso, observando los derechos del pueblo boliviano y asegurando la continuidad del proceso, que es “crucial” para el país.