El exministro de Justicia, Iván Lima, reveló en pasados días que el expresidente Evo Morales presionó a la justicia para que Añez afronte un juicio ordinario dentro de este caso pese a que correspondía un “caso de Corte”.
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Juan Carlos Véliz / La Paz
La defensa legal de la expresidenta Jeanine Añez afirmó que las declaraciones del exministro de Justicia confirman que existen injerencia política, concretamente del partido político MAS-IPSP, en la administración de justicia de Bolivia lo que impide que los jueces actúen con independencia.
“Estas declaraciones vuelven a evidenciar que dentro de los procesos que se le siguen a la exmandataria dentro de lo que es nuestra justicia al día de hoy vemos y evidenciamos una clara intromisión política. Las autoridades judiciales no están pudiendo actuar con independencia, no están pudiendo actuar con imparcialidad bajo una clara injerencia del órgano Ejecutivo y en este caso, conforme a las declaraciones del exministro Lima, una clara injerencia de un partido político dentro de la justicia boliviana», denunció Luis Guillen, uno de los abogados de la exmandataria detenida desde marzo de 2021.
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La expresidenta Jeanine Áñez (2019-2020) fue acusada de varios cargos relacionados con su ascenso al poder tras la renuncia de Evo Morales en 2019 como terrorismo, seducción de tropas y conspiración. En junio de 2022 fue condenada a 10 años de prisión por los delitos de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes. El caso también fue conocido como «Golpe de Estado I».
El exministro de Justicia, Iván Lima, reveló en pasados días que el expresidente Evo Morales presionó a la justicia para que Añez afronte un juicio ordinario dentro de este caso pese a que correspondía un “caso de Corte” por lo que advirtió que el caso derivará hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por la vulneración de un derecho vigente en Bolivia para expresidentes.
«El juicio de Sacaba sigue bloqueado por estos problemas procesales, debido al capricho de Morales de que debe ser un juicio ordinario. Este tema terminará en la Comisión Interamericana y eventualmente en la Corte Interamericana, donde se definirá la situación», afirmó Lima.
«(Las declaraciones de Lima) coinciden con reclamos que fuimos haciendo como defensa dentro de los procesos que le siguen a la exmandataria de Estado, dentro del proceso de Senkata en específico se tiene que en su momento se interpusieron los debidos incidentes e incluso ha merecido una resolución por parte de este tribunal en el cual ellos admitían y reconocían no tener la competencia, es así que las declaraciones que vierte el exministro de Justicia coinciden con esta línea que ha venido diciendo la defensa; sin embargo, es muy tarde”, advirtió Guillén.
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A la exmandataria se le atribuye la responsabilidad plena de las masacres de Sacaba y Senkata durante la crisis política de 2019 que derivaron en la muerte de 26 personas; sin embargo, como los hechos ocurrieron en su condición de Presidenta éstos deben ser juzgados en un juicio de responsabilidades o en “caso de Corte” aprobado por la Asamblea Legislativa y sustanciado ante el Tribunal Supremo de Justicia.
No obstante, el Tribunal de Sentencia Penal, Anticorrupción y Contra la Violencia N° 4 de la ciudad de El Alto determinó someter a la exmandataria a un juicio ordinario por la llamada “masacre de Senkata” que comenzará el 14 de este mes.
“El ministerio de Justicia funge dentro de este proceso como acusador particular y pues en su momento debería haberse aclarado y encaminado este proceso como se solicitó”, lamentó el abogado Guillén.
