En Bolivia, entre enero y agosto de 2024 se reportaron 1027 denuncias por estupro y 1546 denuncias por violación de infante, niña, niño y adolescente, según la Defensoría del Pueblo.
La Defensoría del Pueblo denunció que existe una “debilidad institucional” en todos los niveles del Estado, al momento de proteger a los niños, niñas y adolescentes (NNA) de delitos de violencia y agresión sexual, por lo que exigió que asuma su rol de protector y garante de sus derechos.
“La alta incidencia de delitos sexuales contra NNA revela una debilidad institucional del Estado a nivel nacional, departamental y municipal en la prevención de este tipo de delitos y aplicación de la Ley 548, que obliga la implementación de un Programa Integral de Lucha contra la Violencia Sexual a Niñas, Niños y Adolescentes”, sostuvo esa oficina a través de un comunicado este lunes.
El pronunciamiento de la Defensoría coincide con un contexto de una elevada tasa de violación de los derechos de los infantes. Asimismo, en torno al reciente caso polémico del presunto delito de trata y tráfico de personas y estupro en el que se involucró al expresidente Evo Morales.
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Denuncias
De acuerdo con la Defensoría del Pueblo, entre enero y agosto de 2024, la Fiscalía General del Estado “reportó 1.027 casos de denuncias por Estupro; en el mismo periodo se reporta 1.546 denuncias por Violación de infante, niña, niño y adolescente, (INNA)”.
En criterio de la institución, estas cifras son “alarmantes”, ya que vulneran “no solo el derecho a la dignidad humana de las NNA, sino su derecho a la integridad física, psicológica y sexual”.
Además, la Defensoría del Pueblo consideró que el sistema judicial boliviano no es eficiente con las denuncias de agresión sexual contra NNA y que la Justicia no se aplica en la mayoría de los casos, dando como resultado “procesos estancados”.
Por ello, consideró que “no es posible tolerar que la comisión de delitos sexuales” contra infantes continúe en aumento. En ese sentido, exige un mayor compromiso y esfuerzo del Estado, “en su rol de garante de los derechos humanos” y cumpla con acciones “de prevención, atención y protección de la niñez y adolescencia”.
