Callisaya dice que la paralización de los comicios judiciales ahonda la débil institucionalidad democrática que tiene el país
eju.tv / Video: Defensor del Pueblo
Boris Bueno Camacho / La Paz
Ante la suspensión de las elecciones judiciales determinada por dos salas constitucionales de Pando y Beni, la Defensoría del Pueblo, a través de su máxima autoridad, Pedro Callisaya, envió una nota a la presidencia del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) para que adopte las medidas necesarias para solucionar este problema que pone en vilo los comicios programados para llevarse a cabo el próximo 1 de diciembre.
Callisaya lamentó que esas instancias judiciales nuevamente pongan en peligro la realización de los comicios judiciales por haber declarado desierta la convocatoria al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y al TCP y determinar su suspensión; en ese sentido, la misiva enviada a la presidencia del Tribunal Constitucional solicita que tome una determinación rápida y oportuna sobre las dos sentencias que deben ser revisadas por esa máxima instancia de control.
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“También hemos remitido una nota al presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE) para que pueda informar a la Defensoría del Pueblo acerca de las acciones que se están adoptando para asegurar la prosecución del proceso judicial y, por tanto, el ejercicio del derecho político que tiene la población para elegir a sus autoridades judiciales; es importante que las autoridades competentes del Estado den una señal correcta a la población en sentido de que estas elecciones son posibles”, remarcó.
El vocal electoral Tahuichi Tahuichi Quispe anunció que esta jornada se efectuará una reunión de emergencia de la Sala Plena del Tribunal Supremo Electoral (TSE) para determinar una postura institucional sobre la determinación tomada por las salas constitucionales de Pando y Beni; asimismo, adelantó que podrían pedir medidas cautelares al TCP y recordó que la paralización de los comicios puede provocar un daño económico al Estado de 55 millones de bolivianos que se gastaron hasta la fecha.
El Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, en conferencia de prensa. Foto: captura pantalla
Adicionalmente, la Defensoría envió una comunicación al sistema de Naciones Unidas, específicamente a la relatoría para la independencia de los jueces, dando a conocer la situación que nuevamente atraviesa el país y recapituló que esa instancia con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dieron a conocer en septiembre del año pasado su preocupación por la no realización de las elecciones judiciales en Bolivia.
“Sería un mensaje totalmente funesto a la población que la institucionalidad del Estado no resuelva este problema, nosotros vamos a ser acompañantes, veedores, contralores de que esto pueda traducirse adecuadamente en favor de la población, ya los dijimos, hay una fragilidad institucional democrática que está siendo ahondada; no podemos naturalizar, no es normal que las autoridades sean interinas indefinidamente, porque eso afecta a la democracia”, dijo en alusión a la prórroga de los magistrados del Órgano Judicial y del TCP.