La expresidenta Jeanine Añez, el gobernador cruceño Luis Fernando Camacho y el dirigente cívico Marco Antonio Pumari verán al juez mañana en la primera jornada del juicio en ausencia de otros cinco implicados que son prófugos de la justicia.
eju.tv
Juan Carlos Véliz / La Paz
La investigación por el llamado “golpe de Estado” en contra del expresidente Evo Morales en noviembre de 2019 llegó al inicio de un juicio oral al que serán sometidos ocho personas como la expresidenta Jeanine Añez, el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho y el dirigente cívico Marco Antonio Pumari. La Fiscalía sustentará la demanda con 133 pruebas y 131 testimonios obtenidos durante el procedimiento previo.
Mañana en un tribunal de La Paz inicia el juicio oral en contra de la expresidenta Jeanine Añez y los líderes cívicos Luis Fernando Camacho y Marco Antonio Pumari por el llamado “golpe de Estado I”.
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La causa judicial denominada “golpe de Estado I” está relacionado a los eventos previos registrados antes de la renuncia del entonces presidente Morales el 10 de noviembre de 2019, en medio de manifestaciones sociales que derivaron en un motín policial, el desbande de sectores aliados del Gobierno y la “sugerencia” de las Fuerzas Armadas para que el Mandatario deje el cargo.
Las protestas ciudadanas estallaron después de las elecciones del 20 de octubre de 2019 cuando se registraron irregularidades en el sistema de cómputo de votos que favorecieron a Morales frente a Carlos Mesa, el principal candidato de la oposición, después de un corte abrupto.
Mesa entonces denunció un “fraude monumental” en la votación y se denunciaron el acopio de boletas se sufragio en propiedades particulares. El descontento ciudadano fue en aumento al extremo de que se registraron quemas de oficinas de los tribunales electorales de Potosí y Santa Cruz.
Las movilizaciones que comenzaron en contra de las irregularidades en la votación se desbordaron y exigieron la renuncia del entonces presidente Morales, quien pugnaba por una tercera reelección continua pese a que un referéndum de 2016 le negó esa posibilidad.
En Santa Cruz las movilizaciones ciudadanas fueron lideradas por Luis Fernando Camacho, entonces presidente del Comité Pro Santa Cruz ahora recluido en la cárcel de Chonchocoro mientras en Potosí, Marco Pumari, encabezó las protestas y ahora está detenido en la cárcel de Cantumarca.
Con movilizaciones cada vez más cercanas, Morales se abrió a realizar una auditoría a los resultados de las elecciones y pidió a la Organización de Estados Americanos (OEA) que realice dicha labor. Días después, la misión de observadores de la OEA estableció que hubo manipulación dolosa de los resultados.
El informe lapidario precipitó la caída de Evo Morales. Renunció al cargo y se fue a México con asilo político.
La investigación de la Fiscalía señala que mientras hechos ocurrían por detrás había otros actores que gestaron un “golpe de Estado” como el gobernador Camacho que habría pactado acuerdos con militares y policías para que quiten su respaldo a Morales
A la renuncia de Morales se sumaron la del vicepresidente Álvaro García Linera, la presidenta del Senado y el presidente de la cámara de Diputados. Ante esta situación, la segunda vicepresidenta de la cámara de Senadores, Jeanine Añez, asumió la presidencia del Senado y luego la de Bolivia.
Los fundamentos del Ministerio Público indican que existen 133 pruebas documentales y 131 pruebas testificales para justificar la acusación formal en contra de ocho personas por los delitos de Terrorismo, Asociación Delictuosa, Uso Indebido de Bienes y Servicios Públicos, entre otros.
Entre las 131 declaraciones informativas existen testigos que participaron de reuniones y hechos durante los conflictos del año 2019, además de declaraciones informativas de los acusados y entre las 133 pruebas documentales se cuenta con informes técnicos forenses, facturas de hoteles, extractos bancarios de transferencia de dineros, oficios, respuestas de instituciones del Estado a requerimientos fiscales, entre otras que sustentan la acusación formal y demostrarían la participación individualizada de los sindicados.
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Los acusados por este caso son Jeanine Añez Chávez, Luis Fernando Camacho Vaca, Marco Antonio Pumari Arriaga, Luis Fernando López Julio, Williams Carlos Kalimán Romero, Vladimir Yuri Calderón Mariscal, Sergio Carlos Orellana Centellas y Jorge Elmer Fernández Toranzo.
La Fiscalía está solicitando la pena máxima por el delito mayor que es terrorismo, es decir 20 años de presidio. El juicio se desarrollará en el Tribunal Sexto de Sentencia en lo Penal Anticorrupción de La Paz que ya juzgó a la expresidenta Añez por otro caso llamado “golpe de Estado II” y la sentenció a 10 años de cárcel.
Al inicio de la audiencia serán trasladados Añez, Camacho y Pumari; sin embargo, los otros cinco acusados se encuentran prófugos. Los prófugos son el exministro de Defensa Luis Fernando López; los excomandantes de las Fuerzas Armadas William Kaliman y Sergio Orellana; el excomandante de la Policía Yuri Calderón, y el exinspector de las Fuerzas Armadas Jorge Fernández Toranzo.
La defensa legal de la exmandataria adelantó que este proceso judicial es irregular como todos los otros casos porque no se está respetando el debido proceso o la aplicación de un juicio de responsabilidades en contra de una exdignataria del Estado como establece la norma.