Este fenómeno, que genera especulación y afecta la estabilidad de la canasta familiar, ha encendido las alarmas en las autoridades, quienes buscan proteger el mercado interno
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El Gobierno elabora un plan estratégico para frenar el contrabando a la inversa inverso, fenómeno en el que productos nacionales, especialmente alimentos e insumos esenciales, son revendidos de forma ilegal a países vecinos en crisis económica. Según el viceministro de Defensa del Usuario y Consumidor, Jorge Silva, esta práctica no solo genera especulación y temor por la escasez de bienes de la canasta familiar, sino que también afecta a la economía interna.
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Silva señaló que el país nunca había anticipado que enfrentaría este tipo de contrabando. “Siempre concebíamos el contrabando como una entrada ilegal de productos que dañaba a nuestra industria. Ahora enfrentamos una nueva realidad”, comentó la autoridad. El contrabando inverso ha surgido en un contexto de crisis global, donde el alza de precios de bienes y servicios está afectando a múltiples países.
Bolivia, sin embargo, se ha mantenido como uno de los países con menores costos de vida en la región. «Un almuerzo en Bolivia puede costar Bs 15, mientras que en las zonas fronterizas de nuestros vecinos, el precio puede duplicarse, alcanzando los Bs 30», explicó Silva. Este diferencial ha despertado el interés de los países limítrofes, generando una salida ilegal de productos nacionales hacia el extranjero.
El Gobierno, consciente de la gravedad de esta situación, está elaborando nuevas normativas y estrategias para detener esta fuga de productos nacionales, que afecta tanto a la estabilidad del mercado interno como al bienestar de la población.