Sobre la recepción de recursos en las salas constitucionales de Beni y Pando, consideró que hay alguna «mano negra». El monto destinado para el proceso electoral de autoridades judiciales es de Bs 204,7 millones.
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Lidia Mamani / La Paz
El viceministro de Coordinación Gubernamental, Gustavo Torrico, afirmó este martes que en el caso de que se paralicen las elecciones judiciales, se ocasionará un daño económico al Estado, porque ya se gastó gran cantidad del dinero dispuesto para las elecciones judiciales. En su criterio, las salas constitucionales que aceptaron los recursos, en referencia a las de Pando y Beni, son las que deben asumir esa deuda.
“Ellos tienen que cubrir, ellos aceptaron (salas constitucionales de Beni y Pando), porque son cosas, como te digo, son cosas precluidas. Si hubiese sido que estamos en la etapa de objetar, se lo objeta, porque todo eso que esperas, cuando ya ha pasado todo, gastas (…)”, señaló la autoridad ante la consulta de quién debe hacerse cargo de los gastos que se hacen a la fecha para el proceso de elección judicial.
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La tercera elección judicial de Bolivia, prevista para el 1 de diciembre próximo, donde se prevé elegir a 26 nuevas autoridades del Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), costará más de 204,7 millones de bolivianos (204.711.725), presupuesto que se transfirió del Tesoro General de la Nación (TGN). Parte del monto ya fue usado a la fecha para la impresión de la ubicación de candidatos, difusión en los medios de prensa, entre otros pagos realizados.
Ante la consulta del por qué considera que los tribunales tanto de Beni y de Pando, aceptaron los recursos y declararon desierta el proceso electoral para las nuevas autoridades judiciales, Torrico respondió que no tiene idea y que considera que hubo una “mano negra” y que se “cubren” entre ellos.
“En caso de paralizar las elecciones judiciales, hay un daño económico al Estado, porque ya se ha gastado gran cantidad del dinero, incluso nos mostraron las boletas impresas, ¿cómo haces ahora eso? Habrá que ver cuál es la respuesta jurídica del TSE”, señaló.
Indicó que la responsable de este tipo de hechos es la que presenta el amparo, por lo tanto, el tribunal aceptó y el tribunal que acepta este recurso constitucional y falla en contra de lo que estaba previsto, son los que deben hacerse cargo de todos los gastos, que deben ser “millones”.
La posición del viceministro Torrico se da luego que el presidente del Tribunal Departamental de Justicia de Pando, Jorge Sotelo, confirmó que se dispuso declarar desierta la convocatoria para magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), luego que se dio curso a la acción de amparo constitucional presentado por la abogada María Esther Caero.
Mientras que, el vocal constitucional del Tribunal de Garantías de Beni, Charles Mejía, falló a favor del abogado Hugo Vargas Palenque, que aspiraba a ser candidato a TSJ, en las próximas elecciones. En la decisión le da la razón y determinó que hay «irregularidades» en la convocatoria a las elecciones al TSJ y al Tribunal Constitucional, por lo que declaró desiertas ambas convocatorias, hecho que paraliza el proceso electoral.
