Aunque la Constitución no prevé la designación de un Fiscal General mediante decreto presidencial existen antecedentes de acciones similares.
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Juan Carlos Veliz / La Paz
Un tribunal de justicia de Caranavi (La Paz) frenó hasta el lunes el proceso de elección del nuevo Fiscal General del Estado en la Asamblea Legislativa Plurinacional y abrió la puerta para la designación de una autoridad interina al término del mandato de Juan Lanchipa.
“Hemos tenido conocimiento de tres amparos constitucionales en esta etapa de preselección y designación de Fiscal General del Estado, primero el amparo que ha sido denegado y que la comisión mixta de justicia plural ha ganado en ese amparo constitucional, segundo tenemos un amparo constitucional y no paraliza (el proceso) y el tercero que nos han notificado en horas de la noche donde con una medida cautelar nos paraliza el proceso de selección del fiscal general del Estado hasta el día lunes 21 de octubre”, informó anoche el presidente de la comisión legislativa encargada de la elección, Roberto Padilla.
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Un tribunal de justicia del municipio de Caranavi notificó a los legisladores que existe un amparo constitucional presentado por una postulante mujer y que se resolverá el lunes a las 15:00, y ordenó la suspensión del proceso de selección del Fiscal General del Estado.
La comisión legislativa recurrida tenía previsto remitir el informe final del proceso de elección a la presidencia de la Asamblea Legislativa para que el pleno pueda elegir por dos tercios a la nueva autoridad que reemplazará a Juan Lanchipa, cuyo mandato fenece el 24 de octubre.
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“Nosotros como comisión mixta de justicia plural estamos obligados a suspender esta sesión hasta el día lunes en horas de la tarde”, explicó Padilla.
El Legislativo boliviano tenía previsto elegir al nuevo Fiscal General del Estado hasta el 23 de octubre, pero ahora prevé que esa fecha será postergada y como el actual no puede prorrogarse en el cargo se abre la puerta para la designación de una autoridad interina.
La Constitución no prevé que el Presidente designe a un fiscal interino mediante decreto supremo; sin embargo, existen antecedentes o jurisprudencia de otros casos en que el órgano Ejecutivo designó a dicha autoridad.
